La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, confirmó el 4 de abril de 2025 que no aplicó la reducción del 25% a su salario prometida en 2024, atribuyéndolo a impedimentos legales, aunque el presidente Bernardo Arévalo instruyó al Ministerio de Finanzas en Ciudad de Guatemala implementarla tras conocer el incumplimiento.
En 2024, el Gobierno guatemalteco anunció un recorte salarial del 25% para el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, efectivo desde el 1 de junio. Sin embargo, Herrera admitió el 4 de abril de 2025 que no lo aplicó. En un comunicado, explicó que ordenó evaluar la viabilidad jurídica de la medida. Pero el análisis determinó que era «inviable constitucionalmente» por tratarse de un «derecho adquirido» del cargo, no personal.
Herrera argumentó que reducir su sueldo podría afectar a futuros ocupantes del puesto y generar repercusiones legales. «El salario es un derecho irrenunciable según la Constitución«, afirmó, destacando que corresponde a las funciones desempeñadas. Esto la habría dejado con un salario mayor al de Arévalo, quien sí cumplió con la rebaja anunciada.
Intervención presidencial
El presidente Arévalo, al enterarse del incumplimiento, emitió el 4 de abril una orden al Ministerio de Finanzas Públicas para aplicar la reducción salarial a Herrera. El Gobierno señaló en un comunicado que la medida busca cumplir «los compromisos asumidos con el pueblo de Guatemala» y espera que entre en vigor de inmediato. La instrucción responde a la necesidad de alinear las acciones de ambos mandatarios con lo prometido.
La promesa de la vicepresidenta Karin Herrera
La rebaja salarial fue presentada en 2024 como un gesto de austeridad ante la ciudadanía. Aunque Arévalo la implementó, el caso de Karin Herrera revela obstáculos legales y administrativos. La vicepresidenta insistió en que ha trabajado «incansablemente» y cumplido sus deberes, pero no explicó por qué el análisis jurídico no se comunicó antes.
El Ministerio de Finanzas deberá ahora ajustar el salario de Herrera conforme a la orden presidencial. Este episodio pone de manifiesto las tensiones entre las promesas de austeridad del Ejecutivo y las limitaciones constitucionales en Guatemala. Mientras tanto, el Gobierno busca mantener su credibilidad.
