La reciente publicación de la Ley de Transparencia Social en el Registro Oficial desató críticas de organizaciones civiles. En una entrevista en Manavisión Plus, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, expresó su preocupación por las restricciones que impone al derecho de libre asociación. La normativa, aprobada como económica urgente, genera controles excesivos a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y reformas a varias leyes. Ricaurte, entrevistado por María Emilia y Freddy Solórzano, detalló los impactos de la ley, respaldado por un manifiesto firmado por redes que representan a 250 organizaciones.
Ricaurte cuestionó la legitimidad de la ley. “No ataca el problema que dice atacar, que es el lavado de activos”, afirmó. La normativa, con 18 artículos, establece regulaciones estrictas para las ONG, equiparándolas a entidades financieras. También introduce reformas a la Ley de Cooperativas, la Ley de Economía Popular y Solidaria y la Ley de Participación Ciudadana. Según Ricaurte, estas medidas desincentivan la participación ciudadana y afectan el tejido social.
#ManavisionPlus | 📜 ¿Qué se busca con la Ley de Transparencia Social?
👉 Se debate por qué hubo tanto apuro en aprobarla y si afectará al trabajo de organizaciones sociales.
🎥 Mira el análisis completo en Manavisión Plus.
🔔 Síguenos para más información.
#Política #Sociedad pic.twitter.com/bqjc5RDGpj— Manavisión Canal 9 (@manavisionec) August 29, 2025
¿Controles excesivos para las ONG?
La Ley de Transparencia Social impone una carga administrativa desproporcionada. Ricaurte explicó que las organizaciones ya reportan al Servicio de Rentas Internas (SRI), al Sistema Financiero Nacional y a ministerios. “Generamos información frente a los ministerios, el SRI y el Sistema Financiero”, dijo. Sin embargo, la nueva ley exige más reportes, lo que afecta especialmente a pequeñas organizaciones de voluntarios. “Tendrán que dedicar una o dos personas solo a generar informes”, advirtió Ricaurte, señalando que muchas podrían cerrar por la sobrecarga.
El impacto no se limita a grandes organizaciones como Fundamedios, que maneja entre 500 mil y 800 mil dólares anuales. Clubes deportivos, asociaciones de padres y comedores populares enfrentarán dificultades similares. Ricaurte enfatizó que la ley desestimula la creación de nuevas asociaciones. “Se afecta el deseo de los ciudadanos de involucrarse en actividades públicas”, afirmó. La normativa también carece de un debate técnico suficiente, según un comunicado publicado por Fundamedios en X.
Falta de evidencia sobre lavado de activos
Ricaurte cuestionó el propósito de la ley, que justifica los controles como una medida contra el lavado de activos. Informes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que evaluó a Ecuador en 2023, y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) indican que las ONG son un sector de riesgo medio o bajo. “La sociedad civil no es donde se lava dinero”, aseguró Ricaurte. En cambio, sectores como la minería ilegal, la logística del narcotráfico y el contrabando de combustibles son los principales focos de lavado, según la UNODC.
El director de Fundamedios desafió la narrativa oficial. “En un año, examinemos si esta ley redujo el lavado de activos”, propuso, criticando la falta de datos concretos. La UNODC estima que el lavado en Ecuador representa entre 2.4 y 5 mil millones de dólares, equivalente al 2-5% del PIB nacional. Ricaurte señaló que las autoridades deberían enfocarse en casos específicos de ONG sospechosas, no en regulaciones generales que afectan a todas.
Irán hasta las últimas instancias
Las organizaciones civiles planean responder con acciones legales. Ricaurte anunció que presentarán demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando que la ley viola el principio de unidad de materia y derechos fundamentales. “Es una ley que afecta un derecho humano fundamental como la libre asociación”, afirmó. El trámite apresurado de la ley, en menos de un mes, ignoró propuestas de las organizaciones. Fundamedios presentó alternativas a la Asamblea Nacional, pero no fueron consideradas.
Ricaurte destacó la disposición al diálogo. “Estamos abiertos a contribuir para mejorar la transparencia”, dijo, sugiriendo que el Estado debería optimizar sus sistemas de control en lugar de imponer cargas adicionales. La descoordinación entre entidades estatales, como el SRI y la UAFE, agrava el problema. La sociedad civil aboga por regulaciones proporcionales basadas en evidencia técnica, no en sospechas infundadas.
En la entrevista, el director de Fundamedios, reflejó la indignación del sector. Ricaurte lamentó la “arrogancia” del Ejecutivo y el Legislativo, que no escucharon a los ciudadanos. Fundamedios, dedicado a defender la libertad de expresión, seguirá abogando por un marco legal que no restrinja la participación ciudadana. La ley, ya en vigor, podría debilitar el trabajo de las ONG y el compromiso cívico en Ecuador.
La entrevista completa puede s er vista en las plataformas oficiales de Manavisión Plus.
