La Prefectura del Guayas anunció la detención de uno de sus funcionarios por su presunta participación en actividades ilícitas. Todo ocurrió con un vehículo institucional que él mismo conducía, lo que llevó a su inmediata separación del cargo. La decisión se tomó tras descubrirse que el servidor vendía combustible de una maquinaria pública, informó la prefecta Marcela Aguiñaga.

La primera autoridad de dicha institución enfatizó el compromiso de la institución con la transparencia y la colaboración con las autoridades. La prefecta Aguiñaga detalló en su cuenta de X que al funcionario lo sorprendieron comercializando el combustible asignado a la maquinaria pública. El funcionario era el encargado de operar un tanquero de agua de la Prefectura del Guayas.

Prefectura del Guayas puso en evidencia el caso

“Un mal funcionario fue descubierto vendiendo combustible de la maquinaria pública que él mismo operaba”, escribió Aguiñaga. Ella calificó los hechos como ilegales e inmorales. La funcionaria aseguró que se iniciará el proceso de desvinculación del empleado y que la Prefectura actuará como acusadora particular en las investigaciones.

En un comunicado oficial, la Prefectura del Guayas expresó su rechazo a cualquier conducta contraria a la ley. También reafirmó su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos. “Rechazamos categóricamente cualquier conducta contraria a la ley y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y la colaboración plena con las autoridades competentes”, señala el texto.

Sanciones correspondientes contra el sospechoso

Este incidente ocurre en un contexto donde el manejo de recursos públicos en Ecuador ha sido objeto de escrutinio. En ocasiones anteriores se han dado casos similares que han puesto en evidencia la necesidad de controles más estrictos. La Prefectura indicó que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar que se aplique la ley.

Las investigaciones en curso determinarán la magnitud de las irregularidades y las sanciones correspondientes al exfuncionario. La Prefectura busca reforzar sus mecanismos de supervisión. El caso ha generado atención en redes sociales, donde usuarios exigen mayor control en el sector público, un tema recurrente en discusiones sobre gobernanza en la región.