La Policía de Brasil acusa al expresidente Bolsonaro de espionaje ilegal

La Policía Federal de Brasil acusó a Jair Bolsonaro y a su hijo Carlos de operar una red de espionaje ilegal contra adversarios políticos entre 2019 y 2023.
Espionaje, políticos y una app secreta: la trama que salpica a los Bolsonaro
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Espionaje, políticos y una app secreta: la trama que salpica a los Bolsonaro

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

La Policía Federal de Brasil ha acusado formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a su hijo, el concejal Carlos Bolsonaro, de participar en una red de espionaje ilegal contra supuestos adversarios políticos durante su mandato presidencial (2019-2023), según reportes de G1. La investigación sostiene que la estructura operaba a través de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), con conocimiento y presunta autorización del exmandatario.

Una Abin paralela al servicio del poder

La operación de espionaje, bautizada como “Vigilancia Aproximada”, funcionaba como una estructura clandestina dentro de la Abin, dirigida por el entonces director de la agencia y actual diputado, Alexandre Ramagem. Según la Policía Federal, Ramagem actuaba como cabecilla de esta red, que aprovechó tecnología de rastreo para espiar ilegalmente a jueces, periodistas, líderes del Congreso e incluso aliados del gobierno.

La red usó presuntamente la aplicación de geolocalización FirstMile, adquirida inicialmente durante la presidencia de Michel Temer y cuyo uso se intensificó en el mandato de Bolsonaro. Esta herramienta permitía rastrear dispositivos móviles sin autorización judicial, violando los marcos legales de privacidad y seguridad.

Carlos Bolsonaro y el “gabinete del odio”

Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro, ha sido señalado como responsable del llamado “gabinete del odio”, un núcleo digital desde donde se habría coordinado la difusión de ataques contra opositores y órganos institucionales como el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La Policía Federal indica que tanto las operaciones digitales como el espionaje físico buscaban favorecer políticamente a Jair Bolsonaro, quien se mantuvo informado y aprobó estas prácticas, según consta en la investigación iniciada en octubre de 2023 bajo el operativo “Primera Milla”.

Reacciones y acusaciones de motivación política

Carlos Bolsonaro reaccionó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde desestimó las acusaciones y señaló que tienen un carácter político. “¿Alguien tenía alguna duda de que la Policía de Lula haría eso conmigo?”, escribió, insinuando una supuesta persecución con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

También ironizó sobre el momento en que surge la acusación: “¿Está justificada? Creo que lo sabéis. ¿Elecciones 2026? ¡Creo que no! Es solo coincidencia”.

Más de 30 personas investigadas además de los Bolsonaro

Además de Jair y Carlos Bolsonaro, otras 32 personas han sido imputadas en este caso. Entre ellas figura el actual jefe de la Abin, Luiz Fernando Correa, acusado de obstrucción a la justicia durante las pesquisas.

La red operaba mediante vigilancia no autorizada de computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a figuras clave del poder legislativo y judicial. Entre los presuntamente espiados están los entonces presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, así como el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

El operativo “Primera Milla”

La operación “Primera Milla”, que dio origen a la investigación actual, fue lanzada en octubre de 2023 por la Policía Federal para esclarecer el uso irregular de herramientas de espionaje por parte del Estado. La misma se centra en el uso de FirstMile, una aplicación desarrollada para fines de seguridad que habría sido empleada en actividades de vigilancia política ilícita.

Las autoridades buscan determinar el grado de participación de cada acusado y establecer si hubo financiación pública para actividades que vulneraron la legalidad y las garantías constitucionales de los ciudadanos.

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