La organización Amnistía Internacional ha revelado que el número de ejecuciones alcanzó los 1.518 casos en 2024, la cifra más alta desde 2015. Países como Arabia Saudí, Irak e Irán concentran la mayoría de estas condenas, muchas de las cuales están relacionadas con delitos de tráfico de drogas. La ONG denuncia que la pena de muerte se utiliza para silenciar a disidentes y manifestantes en diversas regiones del mundo.

Un incremento alarmante en las ejecuciones

En su informe ‘Condenas a muerte y ejecuciones 2024’, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado un aumento preocupante de las ejecuciones en todo el mundo. El documento asegura que la cifra alcanzan las 1.518 ejecuciones en 15 países. Esta cifra representa el mayor incremento desde 2015, con un alarmante crecimiento en países del Oriente Medio. AI ha señalado que las condenas a muerte se utilizan principalmente para silenciar a manifestantes, disidentes políticos y miembros de minorías étnicas, lo que ha provocado una grave violación de los Derechos Humanos.

Los países que encabezan esta práctica son Arabia Saudí, Irak e Irán, que en conjunto concentran más del 90% de las ejecuciones. Irán, en particular, ha utilizado la pena de muerte para castigar a personas que participaron en las protestas antigubernamentales de 2022. Arabia Saudí, por su parte, sigue siendo conocida por emplear la pena capital contra miembros de la minoría chií.

Ejecuciones por tráfico de drogas: una violación de los derechos fundamentales

Amnistía ha hecho énfasis en que muchas de las ejecuciones registradas están relacionadas con el tráfico de drogas, lo cual, según la normativa internacional, no debería justificar la pena de muerte. En países como Arabia Saudí, Irán y Singapur, las ejecuciones por delitos de drogas se han multiplicado. La organización dice que no existe evidencia que demuestre que esta medida tenga un impacto en la reducción del tráfico de estupefacientes.

Según Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, las ejecuciones relacionadas con las drogas son una «solución ineficaz e ilícita» que afecta de manera desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos. Callamard subraya que el 40% de las ejecuciones realizadas en 2024 fueron por delitos de drogas, lo que constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos.

¿Quién se beneficia de la pena de muerte?

AI destaca que la pena de muerte no solo se utiliza como un medio para «combatir el crimen», sino que también se emplea para reprimir la disidencia política. En países como Irán y Arabia Saudí, las ejecuciones han sido utilizadas como herramienta para callar a los opositores y defensores de los derechos humanos. En Irán, por ejemplo, las autoridades han ejecutado a personas que participaron en las protestas masivas contra el régimen. Este uso de la pena capital como método de control social pone en evidencia el carácter autoritario de los gobiernos de estos países.

La República Democrática del Congo y Burkina Faso han anunciado recientemente su intención de reanudar las ejecuciones, en una medida que pone en duda el respeto a los Derechos Humanos en estas naciones. A pesar de ello, la tendencia global es hacia la abolición de la pena de muerte.

Cambios en la legislación mundial: ¿hacia la abolición?

Mientras algunos países como China siguen siendo opacos en cuanto al número exacto de ejecuciones, otros han dado pasos importantes hacia la abolición de la pena de muerte. En 2024, Zimbabue aprobó una ley que elimina la pena de muerte para delitos comunes. Además, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la moratoria global sobre la pena capital, lo que representa un paso significativo hacia su erradicación.

En Malasia, las reformas legislativas han permitido que más de mil personas que estaban en riesgo de ejecución se beneficien de una conmutación de sus penas. De igual manera, otros países han procedido con indultos o exoneraciones, contribuyendo a una disminución global en el uso de la pena de muerte.

La posición de Estados Unidos y otras naciones

A pesar de los avances globales, países como Estados Unidos siguen utilizando la pena capital, especialmente en algunos estados. En 2024, se ejecutaron 25 personas en EE. UU., un ligero aumento respecto al año anterior. La Administración Biden mantiene una moratoria temporal sobre las ejecuciones federales, pero la pena de muerte sigue siendo una práctica legal en muchos estados. El ex presidente Donald Trump defendió su uso en varias ocasiones, basándose en el argumento de que es una medida disuasoria contra crímenes graves.

Por otro lado, Bielorrusia sigue siendo el único país europeo que utiliza la pena de muerte, mientras que en Rusia y Tayikistán se mantienen moratorias, un reflejo de la creciente oposición a esta práctica en Europa.

La lucha contra la pena de muerte continúa

A pesar de los desafíos, las organizaciones como Amnistía Internacional continúan presionando para lograr la abolición mundial de la pena de muerte. La creciente tendencia hacia la moratoria y la abolición en diversos países refleja una evolución en el respeto por los derechos humanos y el rechazo hacia castigos crueles e inhumanos.

La presión internacional es clave para reducir la cantidad de ejecuciones en el futuro. A medida que más países se suman al esfuerzo por erradicar la pena de muerte, la esperanza de un mundo sin esta práctica cruel y degradante sigue creciendo. (15)