El martes 29 de abril de 2025, las fuerzas de seguridad cubanas arrestaron al líder opositor José Daniel Ferrer. Además, detuvieron a varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago de Cuba. Según su hermana, Ana Belkis Ferrer, los detenidos fueron trasladados a paradero desconocido. El gobierno cubano justificó la detención por presuntas violaciones de las condiciones de libertad condicional de Ferrer. Organizaciones de derechos humanos denunciaron una nueva ola de represión política.
Arresto de Ferrer y activistas de la UNPACU
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, fue arrestado junto a su esposa, Nelva Ortega, su hijo y varios activistas. La detención se produjo en la sede principal de la UNPACU en Santiago de Cuba. Ana Belkis Ferrer, hermana del líder opositor, denunció en redes sociales que todos fueron «conducidos a paradero desconocido» y exigió su «inmediata liberación».
El gobierno cubano, a través de Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, argumentó que Ferrer incumplió las condiciones de su libertad condicional. Señaló que el activista no asistió a dos audiencias judiciales obligatorias y anunció públicamente su negativa a comparecer. Además, se le acusa de mantener vínculos con la embajada de Estados Unidos y de incitar al desorden público, según se aseguró.
Reacciones nacionales e internacionales al arresto
Organizaciones de derechos humanos, como Prisoners Defenders, condenaron la detención y señalaron que Ferrer y su grupo estaban involucrados en actividades humanitarias, como la distribución de alimentos a más de mil personas al día. Estas acciones, según la ONG, fueron utilizadas como pretexto para su persecución.
La comunidad internacional también ha expresado su preocupación. El Departamento de Estado de Estados Unidos aún no ha emitido una declaración oficial, pero el arresto de Ferrer podría afectar las relaciones entre ambos países, especialmente tras la reciente retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Cuba y su forma de gobierno
Cuba se define como un «Estado socialista de derecho» y promueve un modelo de «poder popular» donde el Partido Comunista de Cuba (PCC) representa los intereses de la clase trabajadora. Según la Constitución de 2019, se garantiza la participación ciudadana a través de asambleas populares y elecciones sin partidos opositores, donde los candidatos son aprobados por comités vinculados al PCC. Cuba sostiene que es una democracia.
Sin embargo, opositores y organizaciones internacionales critican la falta de pluralismo, la ausencia de elecciones libres y la represión de la disidencia. Estas críticas señalan la censura de prensa, la prohibición de partidos alternativos y la persecución de activistas como evidencias de un régimen autoritario.
La figura de José Daniel Ferrer y su arresto
José Daniel Ferrer García es un destacado líder opositor cubano, coordinador de la UNPACU, una organización fundada en 2011 que promueve la resistencia cívica, los derechos humanos y reformas democráticas en la isla. Nacido el 29 de julio de 1970 en Santiago de Cuba, Ferrer ha sido una figura clave en la lucha contra el régimen cubano.
Ferrer fue liberado el 16 de enero de 2025 tras más de tres años y medio encarcelado, luego de ser detenido el 12 de julio de 2021 por participar en las protestas antigubernamentales. Su liberación fue parte de un acuerdo entre Cuba, el Vaticano y la administración Biden que incluyó la excarcelación de 553 presos a cambio de retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo de EE.UU.
La situación de los presos políticos en Cuba
Según Prisoners Defenders, en mayo de 2024 había más de 1.100 presos políticos en Cuba, incluyendo decenas de menores, encarcelados por delitos como «propaganda enemiga», «desacato», «sedición» o «sabotaje». Las razones de estas detenciones suelen estar vinculadas a la expresión de críticas al gobierno o participación en protestas.
El gobierno cubano niega la existencia de presos políticos, calificándolos como «mercenarios» al servicio de intereses extranjeros. Además, justifica las detenciones como medidas para proteger la seguridad del Estado. Organizaciones de derechos humanos denuncian que estas prácticas buscan silenciar cualquier oposición, consolidando el control del régimen sobre la sociedad cubana.
