El 8 de marzo de 1999, el entonces presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, decretó un feriado bancario de 24 horas que, en la práctica, se extendió por varios días y culminó con el congelamiento de depósitos. La medida, adoptada para evitar el colapso total del sistema financiero, se tomó a pesar de que el mandatario había asegurado a la ciudadanía que sus ahorros estaban seguros.

La decisión, considerada por muchos como la respuesta a una crisis prolongada, impactó a millones de ecuatorianos y es el evento económico más traumático del país. Su origen se encuentra en la falta de regulación, la caída del precio del petróleo, el fenómeno El Niño y la Ley General de Instituciones Financieras.

El origen de la crisis: Un sistema sin regulación efectiva

La crisis bancaria de finales de los noventa no fue un suceso aislado, sino el resultado de un conjunto de factores económicos y decisiones políticas que se gestaron años atrás. En 1994, durante el Gobierno de Sixto Durán Ballén se aprobó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Esta normativa liberalizó el sistema bancario y, según expertos como la exministra de Economía, Wilma Salgado, despojó a la Superintendencia de Bancos del control sobre las instituciones financieras.

Esta flexibilización permitió una práctica que sería fatal para el sistema: los créditos vinculados. Mediante esta modalidad, los bancos otorgaban préstamos a sus propios accionistas o administradores sin las garantías adecuadas, utilizando el dinero de los depositantes. Salgado señala que se les dio “libertad a los bancos para hacerse auto préstamos sin presentar garantías”.

La falta de control y los factores macroeconómicos en el país

La falta de control estatal incentivó a varios banqueros a adquirir empresas de diversos sectores, como medios de comunicación, petroleras y camaroneras, a través de estos créditos. Un ejemplo fue el de Roberto Isaías, principal accionista de Filanbanco, que llegó a ser dueño de al menos 150 empresas en el país a través del denominado Grupo Isaías.

A esto se sumaron factores macroeconómicos críticos. Entre 1998 y 1999, el país enfrentó las consecuencias devastadoras del fenómeno El Niño, que provocó inundaciones masivas, y un colapso en los precios del petróleo, una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Aunque países vecinos como Colombia, Perú y Bolivia también se vieron afectados, Ecuador fue el más perjudicado.

La quiebra de la banca y la inyección de capital estatal

El efecto combinado de la falta de regulación, las prácticas irresponsables y la crisis económica generalizada provocó que varios bancos perdieran liquidez y se declararan en quiebra. El 26 de noviembre de 1998, el Congreso Nacional creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Su objetivo teórico era respaldar a los depositantes en caso de quiebra bancaria, pero en la práctica, la AGD asumió la caída del sistema financiero e inyectó capital a los bancos en problemas.

El 2 de diciembre de 1998, Filanbanco, uno de los bancos más grandes del país, fue el primero en pasar a manos del Estado debido a problemas de liquidez. Esta transferencia marcó un punto de inflexión. Pese a las inyecciones de capital que llegaron a mil millones de dólares entre agosto de 1998 y febrero de 1999, la situación no mejoró. Para el año 2000, se estima que alrededor del 70% de la banca privada había quebrado o estaba en manos del Estado. En total, 18 bancos quebraron, incluidos Filanbanco, La Previsora, el Banco de Préstamos y El Progreso.

La situación empeoró el 22 de marzo de 1999, cuando el Banco del Progreso también se declaró en quiebra, provocando una marcha masiva en Guayaquil. La protesta, encabezada por el exalcalde León Febres-Cordero, acusó al gobierno de favorecer a la banca de la Sierra en detrimento de la de la Costa y reclamaba la independencia de la urbe porteña.

El congelamiento de los depósitos: El feriado bancario en Ecuador

La fragilidad del sistema financiero llevó al gobierno de Jamil Mahuad a tomar la medida más polémica de la crisis. El 8 de marzo de 1999, el Superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña, anunció en cadena nacional un feriado bancario de 24 horas, que luego se extendió a 5 días. La incertidumbre se agravó cuando el 11 de marzo de 1999, Mahuad firmó el Decreto Ejecutivo 685, que congeló los ahorros de los ciudadanos por 365 días.

El congelamiento afectó a más de un millón de personas. Los cuentahorristas solo podían retirar un máximo de 2 millones de sucres o 500 dólares de sus cuentas en moneda extranjera. En total, los bancos retuvieron 4 billones de sucres y 350 millones de dólares. Esta acción se produjo a pesar de que Mahuad había prometido días antes que “el gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie”.

Consecuencias y el legado de la crisis

La medida fue adoptada para evitar un retiro masivo de dinero que hubiese colapsado el sistema, pero generó un impacto social devastador. La devaluación del sucre, que se aceleró por la emisión excesiva de dinero del Banco Central para cubrir los gastos públicos, se intensificó tras el anuncio, llegando a una depreciación de más del 50%.

El costo económico del feriado bancario para los ecuatorianos se estima en más de 8 mil millones de dólares, lo que representaba la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) de ese momento. La crisis generó un aumento exponencial del desempleo, que pasó del 8% al 17% en las principales ciudades, y de la pobreza urbana, que subió del 36% al 65%.

Las consecuencias sociales fueron aún más profundas. La migración masiva de ecuatorianos se disparó, registrando la cifra más alta en la historia del país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre 1999 y 2000, 903.974 personas emigraron, principalmente a Estados Unidos y Europa, dejando familias desintegradas y ahorros pulverizados. (10).