La Corte Nacional recurre a la Interpol para ubicar al expresidente Rafael Correa

La Corte Nacional de Ecuador, el máximo tribunal del país latinoamericano, ha recurrido a la Interpol en Quito para ubicar al expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años de cárcel por cohecho en el Caso Sobornos. A través de un oficio judicial, al que ha tenido acceso el diario ecuatoriano ‘El Comercio’, el juez Walter […]

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

La Corte Nacional de Ecuador, el máximo tribunal del país latinoamericano, ha recurrido a la Interpol en Quito para ubicar al expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años de cárcel por cohecho en el Caso Sobornos.

A través de un oficio judicial, al que ha tenido acceso el diario ecuatoriano ‘El Comercio’, el juez Walter Macías “dispone oficiar al jefe de la Unidad Nacional Interpol Quito a fin de que informe sobre la ubicación” del expresidente y de cuatro exfuncionarios y tres empresarios sentenciados también por cohecho en el marco del Caso Sobornos.

El magistrado, que también ha solicitado al organismo internacional que proporcione “documentación” sobre los movimientos migratorios de los condenados, ha detallado que este procedimiento es un paso previo a la extradición. La petición del juez Macías tiene lugar tres meses después de que la Interpol negara un requerimiento de “alerta roja” contra el expresidente.

Correa, que siempre ha defendido su inocencia y ha denunciado estar siendo víctima de una persecución política, fue condenado el 7 de abril de 2019 a ocho años de prisión por el Tribunal Nacional de Justicia de Ecuador al considerar que era culpable de un delito de cohecho.

El expresidente ecuatoriano, en cuya condena estaba también una inhabilitación de 25 años para cargo público, fue condenado junto a otras 16 personas, alguna de las cuales había formado parte de su Gobierno.

Según la Fiscalía de Ecuador, entre 2012 y 2016, varios funcionarios del Estado, así como empresarios privados, formaban parte de una trama corrupta en la cual se facilitaban contratos de obras públicas a cambio de dinero.

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