Las secuelas del terremoto del 2016 son visibles en cantones como Portoviejo, Manta y Pedernales. Los tres cantones más afectados.
Casas destruidas y terrenos baldíos producto de las demoliciones de las infraestructuras afectadas, aún predominan en las calles de estos cantones. A nueve años del terremoto, tampoco se ha logrado construir todos los edificios públicos que colapsaron o que se afectaron con el sismo de 7,8 grados. Muestra de ello están el de la Contraloría, Distrito de Educación, Palacio de Justicia y Ministerio de Agricultura. Todos, ubicados en Portoviejo.
Esto ocurre, a pesar de que se recaudaron más de 1.600 millones de dólares tras el aumento del IVA en aquel año. A ellos se suman otros valores por donaciones, que en total sumaron más de 3 mil millones de dólares.
Ese dinero se terminó y, desde el 2019, la Fiscalía General del Estado investiga presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos. Uno de los casos es el de “Reconstrucción de Manabí”, por el delito de peculado que involucra al exvicepresidente Jorge Glas y otros ocho exfuncionarios, con un perjuicio estimado de 367 millones de dólares.
Procesos judiciales en curso por el dinero del terremoto
La investigación inició tras una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en 2019. La Fiscalía acusa a los implicados de priorizar proyectos no emergentes, eludiendo procesos de contratación pública. Entre los procesados están Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción, y Walter Solís, exministro de Obras Públicas
El pasado 10 de marzo, el juez declaró válido el proceso, permitiendo a la Fiscalía presentar su dictamen acusatorio de los nueve procesados. En la audiencia, la Fiscalía identificó a los nueve procesados como autores directos de peculado. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona a este delito con penas de 10 a 13 años de prisión.
A través de cu cuenta X, Carlos Bernal ha rechazado todas las acusaciones. Asegura que la reconstrucción y reactivación de Manabí y Esmeraldas, fue ampliamente reconocida por organismos internacionales.
Glas, actualmente se encuentra en prisión por otros casos, enfrenta esta nueva acusación desde abril de 2024, tras su captura en la Embajada de México, en Quito.
Según la Fiscalía, el Comité de Reconstrucción priorizó 584 proyectos, pero 30 de ellos, ejecutados por entidades extintas como Ecuador Estratégico y el Servicio de Contratación de Contratación de Obras (Secob), no responden a las necesidades emergentes. Un informe de la Contraloría General del Estado, emitido en 2019, detecta irregularidades en contratos como el del parque Las Vegas en Portoviejo y por la vía de acceso al Puerto de Manta – Colisa.
Avances y obstáculos en la reconstrucción
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) Núcleo Manabí estima que se manejaron $ 3.500 millones. Gran parte de esos recursos fueron provenientes de los ciudadanos tras el aumento del IVA. A pesar de esto, a muchas familias afectadas por el terremoto, no les construyeron sus casas.
Patricio García, coordinador de esta comisión, dijo que le causa dolor que todo esté quedando en impunidad. “Hasta ahora, sólo ha habido por parte de la Fiscalía presentación de cargos por tres casos que son públicos, pero eso apenas constituye $ 210 millones del total de más de 3.500 millones de dólares que se recaudó para la reactivación y reconstrucción de las provincias de Manabí y parte de Esmeralda”, mencionó.
García considera que con todo esos recursos recaudados, Manabí pudo haber dado un gran salto al desarrollo. Además, de haberle dado a los damnificados una justa compensación de las pérdidas. “Cosas que no existen y eso vemos en Portoviejo, Pedernales, Bahía, grandes terrenos desocupados donde no se ha podido hacer la reconstrucción. Igualmente el sistema hospitalario, el número de camas antes del terremoto era superior a la que tenemos actualmente, el problema de los centros educativos, es muy largo de señalar la lista”, agregó.
Considera que el Gobierno y los asambleístas electos, deben crear una una comisión especial de extraordinario poder, para realizar una fiscalización especial de todos los recursos de la reconstrucción. Indicó que al haber pasado más de siete año, ya no se pueden fiscalizar. «Como manabita me siento defraudado y sobre todo avergonzado porque el pueblo ecuatoriano fue muy generoso con Manabí. Queremos que se investigue y se esclarezca lo que han hecho todos los Gobierno, hasta el actual», precisó.
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