La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este martes, con 114 votos afirmativos, la Ley Orgánica de Regulación Contra la Competencia Desleal. Según sus impulsores esta es una normativa que busca proteger a los actores económicos, garantizar condiciones equitativas y fomentar el desarrollo sostenible en el país.
Una ley para ordenar el mercado y fortalecer la inversión
El legislador Jorge Acaiturri, ponente del informe, aseguró que esta legislación representa un avance estructural para el país.
“La construcción de esta normativa no sólo está diseñada para ordenar el mercado, sino también para impulsar el desarrollo económico, proteger la competencia leal y fortalecer la seguridad jurídica”, afirmó.
Acaiturri explicó que la ley nace del reconocimiento de una verdad fundamental: las reglas claras generan confianza y la confianza atrae inversión. Según el asambleísta, los inversionistas necesitan seguridad de que los mercados operan en condiciones justas.
Una ley que busca competencia
Además, destacó que la ley se inspira en modelos internacionales, como las legislaciones de Europa y Estados Unidos. Estas distinguen entre la defensa de la competencia y la regulación de prácticas desleales, algo que, según explicó, Ecuador no había logrado separar de forma clara hasta ahora.
Advertencias sobre desequilibrios
El asambleísta Blasco Luna recordó que la propuesta original fue presentada en 2022 por el Defensor del Pueblo, César Córdova, y tramitada por la comisión con objetividad. Luna puso como ejemplo a la provincia de Cañar, donde, según dijo, grandes cadenas han desplazado a pequeños negocios.
“Esta ley permitirá transparentar las condiciones del mercado y proteger al emprendedor frente a monopolios que han afectado la economía local”, expresó.
A su vez, el legislador Arturo Ugsha calificó la ley como “una herramienta para frenar abusos, proteger a los negocios formales y darles a los emprendedores un terreno justo”.
Dudas y críticas desde el análisis técnico
Sin embargo, expertos del sector jurídico y económico han manifestado algunas inquietudes. Una crítica frecuente es que la ley podría mezclar de forma confusa los objetivos de la defensa de la competencia con la regulación de prácticas desleales.
Según analistas, el proyecto de 2022 no cumplía del todo con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el BID. Aun con los ajustes, algunos expertos consideran que la normativa podría generar sanciones desproporcionadas y falta de claridad.
Otro punto de atención es la coexistencia de competencias entre jueces civiles y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, lo que podría complicar la resolución de casos y generar incertidumbre jurídica para las empresas.
