El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador se allanó con 80 votos a la objeción parcial del Ejecutivo al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo para Dignificar el Trabajo del Hogar.
La decisión allana el camino y permite enviar la normativa al Presidente de la República para su sanción, y así culmina un proceso legislativo que protege y reconoce el aporte esencial de las trabajadoras del hogar en el país.
Fortalecimiento de la legislación vigente
La nueva normativa busca fortalecer la legislación vigente desde 2015, introduciendo mecanismos de denuncia frente a la vulneración de derechos laborales. La propuesta original fue aprobada por la Asamblea el 28 de abril de 2025, y desde entonces se ha trabajado en afinar su contenido. El Pleno acogió las recomendaciones de la Comisión del Derecho al Trabajo en su informe no vinculante, allanándose a las objeciones del Ejecutivo.
El informe legislativo detalla que, en virtud del Dictamen No. 4-25-OP/25 de la Corte Constitucional, emitido el 26 de junio de 2025, las disposiciones inicialmente objetadas por supuesta inconstitucionalidad se mantienen en el texto legal. La Corte no las declaró contrarias a la Constitución, lo que permite su inclusión definitiva.
El legislador Christopher Jaramillo resaltó la doble lucha de las trabajadoras del hogar por sus derechos y su ejercicio, enfatizando la importancia de una ley justa y eficaz para honrar su esfuerzo.
Impacto económico y social del trabajo del hogar
Jaramillo subrayó que el trabajo del hogar representa el 10,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador, involucrando a más de 300 mil personas, en su mayoría mujeres. En 2024, de las más de 200 mil trabajadoras del hogar remuneradas, menos de la mitad contaba con un contrato que garantizara sus derechos. El resto, indicó, vive en la informalidad, sin seguridad social, vacaciones ni respaldo legal, situación que la nueva ley busca revertir.
El legislador explicó las objeciones por inconveniencia. Señaló que el texto original creaba un artículo redundante que sugería una preferencia por los contratos escritos, generando confusión y debilitando los contratos verbales, una realidad común.
Riesgos laborales
Aceptar la objeción evita un enredo legal. Sobre la obligatoriedad de inspecciones, indicó que el Código de Trabajo ya otorga al Ministerio de Trabajo las herramientas y el deber de inspeccionar, evitando burocracia con normas paralelas.
Finalmente, Jaramillo sostuvo que una de las disposiciones objetadas obligaba al Ministerio de Trabajo a crear un complejo sistema de diagnóstico de riesgos laborales en 180 días, sin presupuesto ni metodología. Esta tarea estaba condenada al fracaso. Dicha disposición fue eliminada, ya que el Ministerio de Trabajo ya posee la facultad para realizar estos estudios, garantizando una implementación más efectiva y realista de la ley.
