El 31 de mayo de 2025, el Gobierno de Ecuador realizó un acto de disculpas públicas en Quito a las 342 víctimas del caso Furukawa, cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional que condenó prácticas de esclavitud moderna en las haciendas de la empresa japonesa.
Acto de disculpas públicas
El 31 de mayo de 2025, en la Plaza Grande del Centro Histórico de Quito, el Gobierno de Ecuador llevó a cabo un acto oficial de disculpas públicas dirigido a las 342 víctimas del caso Furukawa, quienes sufrieron condiciones de esclavitud moderna en las haciendas de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones C.A. La ceremonia contó con la presencia de altos funcionarios, incluyendo a José de la Gasca, Ministro de Gobierno; Ivonne Nuñez Figueroa, Ministra de Trabajo; Alegría Crespo, Ministra de Educación; Juan Bernardo Sánchez, Ministro de Salud Pública; Harold Burbano, Ministro de Inclusión Económica y Social; Gustavo Camacho, Subsecretario General de Gabinete; y César Córdova, Defensor del Pueblo encargado.
El acto fue difundido a través de las redes sociales del Gobierno, cumpliendo con la sentencia emitida por la Corte Constitucional el 5 de diciembre de 2024. La Ministra de Trabajo, Ivonne Nuñez Figueroa, declaró: “Respetar los derechos laborales de los trabajadores en Ecuador forma parte de la consagración de los derechos humanos. Nunca más explotación moderna a los trabajadores”.
La sentencia ordenó a Furukawa pagar 120.000 dólares por víctima, sumando más de 41 millones de dólares en indemnizaciones, además de disculpas públicas tanto de la empresa como del Estado.
Contexto del caso Furukawa
La Corte Constitucional determinó que, durante más de cinco décadas, Furukawa mantuvo un sistema de servidumbre de la gleba, una práctica análoga a la esclavitud, en sus haciendas ubicadas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas. Este sistema explotó a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, obligándolas a vivir en campamentos sin acceso a luz, agua potable, instalaciones sanitarias, educación ni salud, cosechando abacá para beneficio de la empresa.
El caso, impulsado por denuncias de extrabajadores desde 2018, contó con el respaldo de la Defensoría del Pueblo y organizaciones como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). La sentencia de la Corte, aprobada por cinco de nueve jueces, también señaló la omisión de entidades públicas, como los ministerios de Trabajo y Salud, por no prevenir estas violaciones antes de 2018.
Medidas de reparación ordenadas
Además de las indemnizaciones, la Corte dispuso medidas de reparación integral, incluyendo la creación de una política pública interinstitucional para abordar las causas estructurales de la servidumbre de la gleba, reformas legales para evitar la impunidad corporativa, la producción de un documental sobre el caso y la declaración de un día de conmemoración para las víctimas.
Furukawa, que opera en Ecuador desde 1963 para el cultivo de abacá, ha solicitado a la Corte Constitucional levantar la prohibición de enajenar bienes para financiar las indemnizaciones, proponiendo la venta de hasta 17 haciendas. Sin embargo, las víctimas han criticado las disculpas ofrecidas por la empresa en enero de 2025, calificándolas como insuficientes y no consensuadas.
Impacto y trascendencia del caso Furukawa
El caso Furukawa marca un precedente histórico en Ecuador y la región, siendo la primera sentencia que reconoce la servidumbre de la gleba y el racismo estructural como factores de explotación. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea han respaldado la sentencia, destacando su relevancia para la lucha contra la esclavitud moderna y la protección de los derechos humanos.
