La audiencia de juicio contra 13 procesados por presunta delincuencia organizada comenzó el 8 de mayo de 2025 en el Complejo Judicial Norte de Quito, Ecuador, para esclarecer su vínculo con el grupo Comandos de la Frontera, acusado de tráfico de drogas, armas y lavado de activos.
El proceso judicial se inició tras la detención de los acusados el 29 de agosto de 2024 durante el operativo Gran Fénix 40. Este mega operativo, liderado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, desarticuló una red criminal en cinco provincias ecuatorianas. La investigación, desarrollada por la Unidad Nacional Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), reveló la presunta participación de los procesados en actividades ilícitas.
Los imputados son señalados como integrantes de Comandos de la Frontera, un grupo armado colombiano, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este grupo opera en la frontera colombo-ecuatoriana, particularmente en la región del río Putumayo, una zona estratégica para el narcotráfico.
Durante la audiencia, iniciada el 8 de mayo de 2025, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales de 18 agentes policiales y otros medios probatorios. El juez ponente ordenó recesos para continuar el análisis de evidencias el 10 de mayo.
Contexto del operativo Gran Fénix 40 y del Comando de la Frontera
El operativo Gran Fénix 40 se ejecutó en Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas y Orellana. La acción fue el resultado de dos años de investigaciones que identificaron una red dedicada al tráfico internacional de drogas. Entre los indicios incautados se encuentran 16 armas de fuego, 55 cartuchos, tres vehículos y una suma superior a 100.000 dólares en efectivo.
La Fiscalía también inmovilizó cuentas bancarias y retuvo vehículos utilizados en actividades delictivas. Además, se incautó dinero en efectivo para un posible comiso penal. Los procesados enfrentan cargos por delincuencia organizada, un delito que incluye actividades como narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.
La investigación señala que Comandos de la Frontera colabora con bandas ecuatorianas, como Los Lobos, para facilitar el transporte de droga desde Colombia hacia puertos ecuatorianos. Estos cargamentos tienen como destino mercados internacionales, principalmente Estados Unidos y Europa.
Implicaciones en la seguridad nacional
El caso cobra relevancia tras un ataque perpetrado el 9 de mayo de 2025, cuando presuntos miembros de Comandos de la Frontera emboscaron y asesinaron a 11 militares ecuatorianos en los límites de Orellana y Napo. Los soldados realizaban labores de control contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.
La Fiscalía presentó más de 80 elementos de convicción durante la audiencia preparatoria, incluyendo informes de inteligencia y reportes telefónicos. Estos elementos sustentan la participación de los procesados en la estructura criminal. Cuatro de los acusados están prófugos, y el juicio continúa contra los 13 detenidos.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024. Este decreto cataloga a las bandas criminales como grupos terroristas, intensificando las acciones contra el crimen organizado.
Impacto regional del crimen organizado
Comandos de la Frontera surgió tras la desmovilización de las FARC en 2016, consolidándose como un actor clave en el narcotráfico en la región del Putumayo. Su alianza con grupos ecuatorianos ha incrementado la violencia en la frontera, afectando la seguridad de ambas naciones.
En Ecuador, el crimen organizado ha diversificado sus actividades, incluyendo minería ilegal, extorsión y sicariato. En 2023, el país registró una tasa de 47,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
La audiencia de juicio continuará en los próximos días, con la Fiscalía presentando pruebas adicionales. El caso busca sentar un precedente en la lucha contra el crimen transnacional en Ecuador.
