Un tribunal de Bolivia ordena mantener en prisión a la jueza Lilian Moreno, quien anuló la imputación y arresto de Evo Morales. El hecho ocurrió el 10 de mayo de 2025 en Santa Cruz, tras denuncias de prevaricación y desobediencia judicial presentadas por el Gobierno.
La jueza está detenida
Un tribunal boliviano decide que la jueza Lilian Moreno permanezca detenida. La magistrada enfrenta cargos por prevaricación y desobediencia judicial. Su defensa solicitó liberación condicional, pero el pedido fue rechazado. El abogado Silvestre Ibáñez confirmó la decisión a Bolivia TV. El tribunal aceptó trasladar el proceso judicial de La Paz a Santa Cruz. Moreno está recluida en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.
La jueza fue arrestada el 5 de mayo de 2025. La Policía la detuvo en el municipio de La Guardia, Santa Cruz. El operativo ocurrió a las 7:00 de la mañana. Una familiar denunció que no mostraron orden de aprehensión. Moreno enfrenta un proceso penal y disciplinario.
El Ministerio de Justicia, liderado por César Siles, impulsa las acusaciones. Siles calificó el fallo de Moreno como “arbitrario, ilegal y delincuencial”. La jueza anuló la orden de arresto contra Evo Morales el 30 de abril de 2025. También suspendió la imputación y el arraigo del expresidente.
El caso Morales y la resolución de la jueza
Evo Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta una orden de detención. La Fiscalía lo acusa de trata de personas con agravante. El caso involucra una presunta relación con una menor de 15 años en 2015. Según la acusación, Morales tuvo una hija con la adolescente en 2016. Los padres de la menor habrían recibido beneficios a cambio.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde hace más de 200 días. Sus seguidores lo protegen para evitar su captura. El expresidente busca participar en las elecciones de agosto de 2025. Sin embargo, enfrenta restricciones legales por reelecciones previas.
El fallo de Moreno buscaba trasladar el caso de Tarija a Cochabamba. Esto habría beneficiado a Morales, cuyo bastión político está en esa región. Sin embargo, el juez Franz Zabaleta de La Paz anuló la decisión de Moreno el 2 de mayo de 2025. La orden de detención contra Morales sigue vigente.
Reacciones y denuncias
Evo Morales reaccionó en su cuenta de X. Denunció un “terrorismo de Estado” por parte del Gobierno de Luis Arce. Afirmó que las autoridades persiguen a quienes piensan diferente. “No hay Estado de Derecho en Bolivia”, escribió Morales. También criticó el irrespeto a jueces que buscan el debido proceso.
La defensa de Moreno denuncia irregularidades. El abogado Ibáñez señaló que no se permitió presentar recursos durante la audiencia cautelar. Además, Moreno reportó presiones y amenazas antes de su detención. Un audio enviado a Asuntos Centrales reveló estas acusaciones. Sus familiares calificaron el arresto como “violento” y sin orden judicial.
El Consejo de la Magistratura también actúa contra Moreno. Inició procesos administrativos y penales por actuar sin competencia. La entidad considera que Moreno no tenía autoridad para resolver el caso de Morales. Podría enfrentar una sanción de destitución si se comprueba una falta gravísima.
Implicaciones judiciales y políticas
El caso de Moreno refleja tensiones políticas en Bolivia. El Gobierno de Arce y el sector “evista” del MAS están en conflicto. La detención de la jueza genera críticas sobre la independencia judicial. Organismos internacionales podrían intervenir ante denuncias de violaciones de derechos.
Moreno cumple 30 días de prisión preventiva en Palmasola. Su defensa apeló la medida. También pidió un examen médico forense por su estado de salud. La jueza se sometió a una cirugía de hombro recientemente. Buscan que se le otorgue detención domiciliaria o libertad irrestricta.
El proceso contra Morales sigue en Tarija. La Fiscalía refuerza las acusaciones de trata de personas. Las autoridades analizan un operativo para detener al expresidente. Sin embargo, su resguardo en Cochabamba complica la acción policial.
Panorama actual de la jueza
El caso de Lilian Moreno mantiene la atención en Bolivia. La jueza enfrenta un futuro incierto en el sistema judicial. Su decisión de favorecer a Morales desató un escándalo nacional. Mientras tanto, Evo Morales continúa en el centro del debate político.
El rechazo a su liberación condicional refuerza la postura del Gobierno. Las acusaciones de prevaricación y desobediencia judicial son graves. Podrían derivar en una condena de 2 a 6 años de cárcel. La sociedad boliviana observa de cerca este conflicto judicial.
La tensión entre el Gobierno y los seguidores de Morales crece. Las elecciones de 2025 están en el horizonte. Este caso podría influir en el escenario político. La justicia boliviana enfrenta el desafío de garantizar transparencia e imparcialidad.
