El juez acogió el pedido de la Institución y dictó la medida cautelar de prisión preventiva para Salcedo, después de que fuera devuelto desde Perú, a donde presuntamente trataba de huir tras ser investigado en esa causa. "El está con boleta", dijo a los medios el coronel Julio Miño, jefe de la policía judicial de la zona 8.
"Realizamos coordinaciones con el apoyo de las diferentes unidades de la Policía Nacional y con la República del Perú", afirmó.
Otra repatriada es Jocelyn Mieles, una exreina de belleza, novia de Salcedo y que está en calidad de retenida y que también tenía que dar su versión de los hechos.
Tras su llegada, Salcedo fue sometido a una revisión médica por un médico legista de la Fiscalía que está a cargo del procedimiento y después se iba a celebrar "la audiencia de formulación de cargos en las instalaciones del cuartel Modelo", según el alto mando.
El Tribunal que atendió el caso también dispuso "la prohibición de enajenar sus bienes muebles e inmuebles, el bloqueo de las cuentas que tenga en el sistema financiero, que no se permita la cancelación de pólizas ni el traspaso de acciones de empresas en las que tenga participación", se informa en un comunicado.
La instrucción fiscal del caso ha sido extendida por treinta días.
Salcedo, involucrado presuntamente en uno de los casos de corrupción registrados durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, fue técnicamente expulsado de Perú y llegó a Ecuador tras estrellarse la avioneta en la que viajaba con otras personas cerca de la frontera entre ambos países, cuando aparentemente intentaba aterrizar.
Con esta vinculación ya son cinco los procesados por esta causa, quienes habrían participado en la contratación, incluido un directivo de la empresa proveedora.
La Fiscal del caso señaló que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción inició esta investigación con base en un parte policial que informaba sobre la compra de fundas para cadáveres por parte de Hospital de Los Ceibos, a un costo de 148,50 dólares cada una, cuando en el mercado su valor ronda los 12.
Esta adquisición forma parte de una contratación por 870.000 dólares que tuvo lugar en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, y cuando el país pasa por una severa necesidad económica.
Los procesados fueron detenidos en una serie de allanamientos ejecutados con el apoyo de la Policía Nacional, en Guayaquil y Quito, donde también se recabaron otros indicios. EFE
