Al juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, Patricio Javier V. C., lo procesaron por prevaricato. A él le dictaron prisión preventiva y lo trasladaron a la Cárcel 4 de Quito el pasado enero de 2025. Esto tras otorgar un indulto indebido a un reo condenado por delincuencia organizada, según dispuso la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
El caso, tuvo lugar en Guayaquil, donde el juez detenido. Que lideraba la sala de Grantías Penitenciarias, Patricio Javier V. C., enfrenta un proceso penal por el presunto delito de prevaricato. La decisión de enviarlo a prisión preventiva la tomó el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Francisco Morales Garcés. Él ordenó que el magistrado sea recluido en la Cárcel 4 de Quito mientras se lleva a cabo la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 90 días.
Durante la audiencia de formulación de cargos al juez detenido, el fiscal provincial de Pichincha, Jhon Romo, presentó los argumentos que sustentan la acusación. Según Romo, el juez otorgó un indulto a Miguel Ángel L. M., un privado de la libertad que cumplía una condena de tres años y siete meses por delincuencia organizada. Esto basándose en el Decreto Ejecutivo 265 del 22 de noviembre de 2021.
Sin embargo, esta decisión se tomó sin que el beneficiario cumpliera con los requisitos establecidos en dicho decreto, lo que constituye una irregularidad grave. De allí que el juez detenido sea procesado.
Detalles del indulto irregular
El Decreto Ejecutivo 265, en su artículo 1, establece que el indulto presidencial aplica únicamente a personas privadas de la libertad que padezcan enfermedades catastróficas, terminales. Es decir, tuberculosis multidrogorresistente o VIH. Además, los artículos 2 y 3 precisan que el beneficio solo puede otorgarse a quienes tengan una sentencia ejecutoriada, no enfrenten otros procesos penales en curso y no hayan sido condenados por delitos excluidos, como la delincuencia organizada.
En el caso de Miguel Ángel L. M., no solo estaba sentenciado por un delito excluido. Sino que también tenía dos procesos adicionales por el mismo delito y su sentencia aún estaba pendiente de una audiencia de apelación.
A pesar de estas claras limitaciones legales, el juez detenido Patricio Javier V. C. decidió conceder el indulto en enero de 2025. Lo más llamativo es que, según el fiscal Romo, el mismo juez había denegado este beneficio al reo el 18 de diciembre de 2024, argumentando que no cumplía con los requisitos. “Esta contradicción evidente demuestra una actuación arbitraria”, señaló Romo durante la audiencia, destacando que la decisión del juez violó principios constitucionales y legales fundamentales.
Violación de la normativa constitucional
El fiscal también argumentó que la actuación del juez detenido inobservó lo dispuesto en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador. Este establece la jerarquía de las normas legales y exige su aplicación estricta. Al otorgar un indulto en contra de los parámetros legales, Patricio Javier V. C. habría incurrido en el delito de prevaricato.
Delito definido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como la emisión de resoluciones contrarias a la ley por parte de un juez o autoridad. Este delito puede acarrear una pena de tres a cinco años de prisión, según el artículo 270 del COIP.
La decisión del juez detenido no solo benefició indebidamente a un condenado por un delito grave. Esta también generó cuestionamientos sobre la integridad del sistema judicial en Guayaquil, una ciudad que ya enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y corrupción. La prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito busca garantizar que el proceso penal avance sin interferencias, dado el riesgo de que el juez, por su posición, pudiera influir en las investigaciones.
Contexto de corrupción judicial en Ecuador
El caso del juez detenido Patricio Javier V. C. se suma a una serie de escándalos que han afectado al sistema judicial ecuatoriano en los últimos años. En 2023, un informe de Transparencia Internacional señaló que el 70% de los ecuatorianos percibía al poder judicial como una de las instituciones más corruptas del país, un dato que refleja la desconfianza ciudadana en este estamento.
En Guayaquil, en particular, se han registrado casos similares de abuso de autoridad por parte de jueces. Por ejemplo, en 2022, un juez de la misma ciudad fue procesado por liberar a un narcotraficante a cambio de sobornos, un caso que aún no ha sido resuelto.
La delincuencia organizada, delito por el que estaba condenado Miguel Ángel L. M., es uno de los problemas más graves en Ecuador. Según el Ministerio del Interior, en 2024, los casos relacionados con este delito aumentaron un 18% a nivel nacional, con Guayas siendo una de las provincias más afectadas. La liberación indebida de personas vinculadas a estas redes pone en riesgo la seguridad pública y mina los esfuerzos del Estado por combatir el crimen organizado.
Implicaciones del caso y próximos pasos
El proceso contra el juez detenido Patricio Javier V. C. estará bajo la lupa de la opinión pública y de las instituciones judiciales. Durante los 90 días de instrucción fiscal, la Fiscalía recopilará pruebas adicionales para sustentar la acusación de prevaricato. Mientras tanto, el juez permanecerá en la Cárcel 4 de Quito, un centro penitenciario conocido por albergar a reclusos de alto perfil, incluidas autoridades públicas procesadas por corrupción.
