IRS y ICE acuerdan compartir datos para localizar migrantes en Estados Unidos

El IRS y ICE han firmado un acuerdo para compartir datos fiscales y localizar migrantes con órdenes de deportación, generando debate sobre privacidad y migración.
IRS y ICE acuerdan compartir datos para localizar migrantes en Estados Unidos
El acuerdo se enmarca en la política migratoria del gobierno actual, que busca agilizar la deportación de personas sin estatus legal.
IRS y ICE acuerdan compartir datos para localizar migrantes en Estados Unidos
El acuerdo se enmarca en la política migratoria del gobierno actual, que busca agilizar la deportación de personas sin estatus legal.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

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Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos firmaron un acuerdo en Washington D.C. para compartir información fiscal con el propósito de identificar y localizar a migrantes con órdenes de deportación o bajo investigación criminal, según documentos judiciales.

El memorando de entendimiento entre el IRS y ICE permite a este último solicitar datos como nombres, direcciones y números de identificación fiscal de personas que hayan recibido órdenes finales de deportación o estén bajo investigación por delitos federales, incluido el incumplimiento de salida del país tras 90 días. El acuerdo, firmado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no inicia aún el intercambio de información, pero establece un marco para futuras solicitudes.

Alcance del acuerdo

El IRS proporcionará información específica solo tras solicitudes formales de ICE, que deben incluir el nombre, dirección, período fiscal y el estatuto penal relacionado con la investigación. Asimismo, para evitar divulgaciones indebidas, ICE está obligado a reportar cualquier uso no autorizado de datos fiscales al IRS en un plazo de 24 horas. Partes del memorando, de 15 páginas, están redactadas, lo que limita los detalles públicos sobre el alcance exacto de los datos a compartir.

El acuerdo se enmarca en la política migratoria del gobierno actual, que busca agilizar la deportación de personas sin estatus legal. Según estimaciones federales, hay aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha expresado interés en localizar hasta 7 millones de ellos mediante datos fiscales.

Contexto migratorio y fiscal

El IRS permite a migrantes sin número de Seguro Social usar Números de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) para presentar declaraciones de impuestos. En 2023, los hogares de migrantes indocumentados pagaron cerca de 90 mil millones de dólares en impuestos, según el American Immigration Council. Esta contribución fiscal incluye 56 mil millones en impuestos federales y 34 mil millones en impuestos estatales y locales.

Implicaciones legales y sociales para los migrantes

Además, el acuerdo genera preocupación entre organizaciones de defensa de migrantes, que presentaron demandas para bloquearlo, argumentando que podría violar leyes de privacidad fiscal. En marzo de 2025, dos organizaciones de Chicago demandaron al Departamento del Tesoro para evitar la divulgación de datos de contribuyentes con ITIN. Los demandantes sostienen que el acceso a esta información podría facilitar la localización de millones de personas sujetas a deportación.

Por su parte, el IRS ha enfatizado que cualquier intercambio de datos se realizará bajo estrictas normas de privacidad y solo para casos específicos de investigación criminal o deportación. El DHS no ha comentado públicamente sobre el acuerdo, según reportes recientes.

Próximos pasos

Aunque el intercambio de información aún no ha comenzado, el acuerdo marca un cambio significativo en la colaboración entre agencias federales para fines migratorios. Las autoridades han indicado que el proceso será gradual y estará sujeto a revisiones legales para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

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