Las intervenciones policiales recientes en las agencias municipales de tránsito de Manta y Durán no revelan un problema nuevo, sino la punta del iceberg de una trama de corrupción que lleva años consolidándose. El “mercado negro” de matrículas y licencias en Ecuador tiene historia, estructura y vínculos criminales. Así se lo ha documentado y difundido a nivel nacional.

Un ejemplo de aquello es el resultado de la investigación realizada por El Universo y Connectas con datos recopilados desde enero del 2015 a agosto del 2021. Según el reporte,  la estadística de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) sobre los servicios relacionados con permisos de conducir de años anteriores está incompleta o no existe.

En la data obtenida para ese reportaje se identifican a las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y El Oro con la mayor cantidad de transacciones, concentrando el 63 % de esos servicios. En esas provincias también se ha evidenciado la operación de tramitadores o redes de trámites irregulares, de acuerdo con los seguimientos judiciales. Y ya sea que se trate de la ANT o de alguna agencia municipal de tránsito, las estadísticas vuelven a estar más vigentes que nunca.

Un esquema que se repite en otras agencias de tránsito

Desde centros de acopio clandestinos hasta documentos oficiales falsificados con tecnología industrial, las redes dedicadas a alterar registros vehiculares en Ecuador no solo operan con respaldo de funcionarios públicos, sino que financian a grupos criminales como ‘Los Choneros’, han señalado las autoridades de turno. La intervención de la Policía Nacional en agencias de tránsito ha destapado una red que no nació este año, sino que lleva operando con impunidad en múltiples provincias.

En julio de 2024, en Durán y Guayaquil, las autoridades encontraron más de 200.000 documentos relacionados con trámites ilegales: desde revisión técnica hasta la eliminación de multas. Aquella red operaba desde una bodega clandestina, utilizada como centro de acopio para especies de matrícula y documentación falsificada.

En esa ocasión, 81 personas fueron detenidas, incluidos funcionarios públicos. Entre los elementos incautados había certificados, formularios técnicos. También adhesivos de seguridad, códigos de barras y matrices metálicas industriales para impresión, una señal clara de operación a gran escala.

Datos que confirmaban la magnitud del fraude

Según las autoridades, se encontraron:

• 31 sellos oficiales de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de 10 provincias:

  • Manabí (9), Guayas (7), Pichincha (5), Carchi (3), Chimborazo (2), Azuay (1), Cotopaxi (1), Los Ríos (1), Esmeraldas (1), Napo (1).

• Tarifas de cobro ilegal por trámite: entre USD 50 y USD 150.

• Monto estimado del perjuicio económico: cerca de USD 30 millones.

• Documentos falsos usados para registrar vehículos robados, sin placas o de propietarios fallecidos.

Vehículos para delinquir, no solo para circular

Vicente Auad, gobernador del Guayas en ese momento, confirmó que muchos automotores matriculados por esta vía ilegal fueron utilizados para cometer robos, asesinatos y otros delitos graves. Estos vehículos eran reportados como robados o utilizados por bandas organizadas que operan en el país, se detalló.

A esto se suma la advertencia que realizó el ministro de Transporte, Roberto Luque. Él reconoció que los accesos al sistema nacional AXIS han sido “prostituidos históricamente”. Este sistema interconectado permite modificar datos vehiculares desde cualquier agencia, y múltiples funcionarios —según Luque— mantienen credenciales activas sin control adecuado.

La conexión con bandas armadas y territorios clave

En otra intervención ejecutada en Puerto López el 18 de julio del 2024, cinco personas fueron detenidas tras cuatro meses de investigación. Los operativos se extendieron a Manta, Montecristi y Santa Ana. Allí se detectaron trámites fraudulentos realizados por funcionarios que, según se informó, buscaban financiar a ‘Los Choneros’, grupo criminal declarado terrorista por el Gobierno de Daniel Noboa.

Estas relaciones confirmarían que el objetivo del mercado negro de matrículas no era solo el lucro, sino también el financiamiento de estructuras armadas que operan a escala nacional.

El comercio ilegal de documentos incluía vehículos sin placas, reportados como robados o pertenecientes a personas fallecidas. Además, se detectaron negociaciones directas con compañías privadas para matricular tricimotos sin cumplir requisitos legales.

¿Cuántas veces más se necesita intervenir las agencias de tránsito?

Lo que hoy sucede en Manta y Durán ya ocurrió en Guayaquil, Puerto López y otras ciudades del país. Las pruebas están documentadas: funcionarios involucrados, sellos oficiales falsificados, millones en juego, y un sistema digital débil. “La historia se repite porque no ha habido una reforma estructural ni una depuración seria en las entidades de tránsito“, señaló desde el anonimato un exfuncionario.

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen ya no es si hay corrupción en estas agencias. Es cuánto tiempo más seguirá operando sin consecuencias reales y qué hará el Estado para cerrar este ciclo de impunidad antes de que surjan nuevas redes con las mismas prácticas.