La Fiscalía de Perú ha presentado este viernes una solicitud de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
Las acusaciones son en relación a los hechos del 7 de diciembre del 2022, cuando presionado por el Congreso anunció su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
De la misma forma, la Fiscalía también ha pedido por el delito de rebelión 25 años de cárcel para la exprimera ministra Betssy Chávez; los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez y Willy Huerta, respectivamente; y para los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.
Por su parte, ha reclamado también por el delito de rebelión 15 años de cárcel para el exprimer ministro y exministro de Justicia Aníbal Torres.
Pocas horas después de anunciar su intención de disolver el Congreso y nombrar un gobierno de emergencia, la Fiscalía peruana llevó a cabo su detención.
Desde entonces permanece entre rejas en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.
La conocida como cárcel de los expresidentes es residencia también de Alejandro Castillo y hasta hace poco de Alberto Fujimori.
Además de por este caso, Castillo también esta siendo investigado por una supuesta trama de corrupción tejida en torno al Ministerio de Vivienda y la petrolera estatal Petroperú de la que es considerado el cabecilla, por la cual cumple una pena de prisión preventiva también de 36 meses.
Perú y la inestabilidad con Pedro Castillo
El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana.
Una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno –con más de 70 ministros– que tuvo en solo 16 meses.
Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.
