Las autoridades de Estados Unidos impusieron este miércoles 25 de noviembre un paquete de sanciones contra 21 funcionarios del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La medida también toca a miembros de su aparato de seguridad. Esto por su implicación en el “fraude electoral” y en las acciones “represivas” adoptadas tras los comicios del 28 de julio.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las razones de la medida en un comunicado. Entre los sancionados se encuentra Daniella Desiree Cabello Contreras, la hija del ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello.
Se les aplica la medida debido a que mantienen vínculos con las autoridades de ese país caribeño.
Han “apoyado y contribuido a sacar adelante las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse ganador de forma fraudulenta de las elecciones venezolanas”.
Estados Unidos justifica la medida
“Han ayudado a ignorar la voluntad de la mayoría de los votantes, que han elegido a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, recoge el texto, que apunta a que las fuerzas de seguridad.
Además, asegura Estados Unidos, han detenido de forma arbitraria a algunos opositores de forma masiva y violenta. “Negando a la población el derecho a reunirse pacíficamente”, señala el Tesoro.
Entre las tácticas utilizadas por estos funcionarios se encuentran los “arrestos arbitrarios”, incluido el del propio González. “Se vio obligado a abandonar Venezuela”, indica el comunicado.
“Todo esto supone un intento desesperado de silenciar las voces de los ciudadanos”, indicó el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Bradley T. Smith.
“Estados Unidos seguirá señalando a aquellos que usan la violencia y la intimidación para socavar la democracia y el derecho legítimo a la libertad de expresión”, apunta el Tesoro.
Esta entidad sitúa ya en 2.000 los funcionarios que han visto restringidos por “verse implicados en actos de corrupción o haber violado los Derechos Humanos del pueblo venezolano”.
Entre los sancionados se encuentra el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado. El de Comunicación, Freddy Ñáñez; y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.
Además de varios altos cargos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Esta es una larga lista de Estados Unidos contra funcionarios del régimen socialista de Maduro.
