El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha implementado una nueva directriz que exige a sus agentes completar una cuota diaria de deportaciones. Esto aumenta significativamente la cantidad de operativos en diversas ciudades de Estados Unidos. Esta medida ha generado preocupación entre comunidades migrantes y grupos defensores de derechos humanos. Ellos advierten sobre el incremento de detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza.
Según fuentes internas de ICE, cada oficina de la agencia deberá realizar al menos 75 detenciones diarias. Aquello podría traducirse en hasta 1.500 deportaciones en cada jornada, algo que asusta. Este nuevo lineamiento responde a presiones políticas y administrativas para endurecer la política migratoria. Sucede en un contexto donde la retórica antiinmigrante cobra fuerza tras asumir Donald Trump.
Los operativos se intensifican en ciudades con alta población migrante, como Los Ángeles, Chicago y Houston. Hasta estas localidades llegan agentes de ICE con redadas masivas en comunidades hispanas. “Nos sentimos perseguidos, como si fuéramos criminales solo por estar aquí”, comentó a Univisión María López, residente de Illinois, cuya familia resultó afectada por las recientes detenciones.
Organizaciones proinmigrantes denuncian que la imposición de una cuota diaria incentiva la captura indiscriminada de personas sin antecedentes penales, incluyendo trabajadores que han vivido por décadas en el país. “Esto convierte a los agentes de ICE en cazadores de migrantes, donde el objetivo es cumplir un número, no evaluar caso por caso”, señaló a Univisión José Ramírez, abogado especializado en inmigración.
Deportaciones generan temor
Además, informes indican que otras agencias federales, como el FBI y la DEA, brindan asistencia en estas operaciones. Aquello refuerza la magnitud de la ofensiva, denuncian colectivos de migrantes. En ciudades como Miami y Atlanta, testigos reportan allanamientos violentos en viviendas y centros de trabajo. Esto eleva el temor y la desconfianza entre la población migrante. “Ya no salimos sin miedo. No sabemos si volveremos a casa”, expresó un trabajador hondureño que prefirió mantener su identidad en el anonimato.
Mientras tanto, grupos defensores iniciaron acciones legales para frenar la medida. El argumento es que el enfoque de cuotas convierte el sistema en una “máquina de deportación” sin considerar circunstancias individuales. A pesar de la creciente preocupación, el gobierno defiende la política, asegurando que busca reforzar la seguridad nacional y aplicar la ley de manera efectiva.
Con una creciente crisis humanitaria en la frontera y el endurecimiento de las políticas migratorias, la situación para miles de indocumentados en Estados Unidos se torna cada vez más incierta.
Entre la incertidumbre y el miedo, la comunidad migrante sigue buscando alternativas legales y el respaldo de organizaciones que los defiendan ante una maquinaria que, bajo la presión de cumplir cuotas, parece no detenerse en su objetivo de lograr millones de deportaciones.