Es inaceptable que ni siquiera el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda conozca a plenitud cuántas viviendas hacen falta en Manabí para que el Estado pueda saldar la deuda que gobiernos anteriores asumieron con los damnificados del terremoto de hace seis años.

El Gobierno de ese entonces contrató, con fondos públicos, la reconstrucción de viviendas que resultaron dañadas por el gran sismo, pero muchos de esos contratos quedaron sin concluir y hasta ahora hay personas que viven en carpas o en casas de familiares, a la espera de que haya una solución a su necesidad.

Si el actual Gobierno no conoce el estado real de muchas de estas obras, y tampoco sabe cuántas personas quedaron fuera del registro, existe una omisión grave de funcionarios públicos que tuvieron estos registros a su cargo.

“Los damnificados del terremoto se cuentan en todos los cantones de Manabí”.

Urge que se haga un censo en la provincia, pues los damnificados se cuentan en todos los cantones de Manabí. Para ello, bien podrían apoyarse en municipios, jefes y tenientes políticos que conocen casos en detalle.

Pero, así mismo, también es necesario que se investigue a los responsables de la inacción burocrática que tiene a cientos de familias viviendo en condiciones deplorables, pues por ellos el Estado contrajo una deuda social que ya debe irse pagando.

Editorial de El Diario publicado este martes 26 de abril del 2022 en nuestra edición impresa.