Las afiliaciones falsas de ciudadanos a partidos políticos son un tema que no se resuelve y la falta de sanciones sigue siendo un lunar en nuestra democracia y justicia. La sociedad debe activarse para que esto cambie.

Han pasado nueve años desde que se descubriera esta práctica, ya casi es una década de impunidad, y, lamentablemente, también de que cientos de ciudadanos pierdan oportunidades laborales o de representación pública.

Eso pasa porque, para optar por varios puestos, se exige que la persona no sea afiliada a una organización política. Muchos pierden su derecho de participación porque recién cuando aplican a un cargo descubren que fueron perjudicados.

“Son nueve años de impunidad y el estado no facilita una solución”.

Según el Código de la Democracia, para lograr su inscripción, los movimientos políticos deben acompañar la lista de adherentes en un número equivalente a, por lo menos, el 1,5% del registro electoral utilizado en el último proceso democrático.

Con esta obligatoriedad legal se instauró una forma de corrupción muy grave. Las organizaciones políticas afiliaron ciudadanos sin su consentimiento.

Se afectó la fe pública, se falsificó firmas y no hay sanciones, pero, además, los ciudadanos no poseen un instrumento físico o tecnológico de fácil manejo para confirmar si sus nombres fueron mal usados. Más bien, la estructura del Estado obstaculiza esa comprobación que debería facilitar y garantizar.

Editorial de El Diario publicado este domingo 9 de enero del 2022 en nuestra edición impresa.