Este lunes, el Bloque de Seguridad, conformado por policías y militares, ingresó al hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) del IESS, en Quito. Esto como respuesta a reportes de amenazas dirigidas al personal administrativo, particularmente en el área de contrataciones. La intervención estuvo liderada por los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg. Los funcionarios anunciaron la permanencia de un equipo de élite para investigar el origen de los hechos.
Amenazas al personal y presencia de crimen organizado en el HCAM
Según detallaron las autoridades, las amenazas incluían seguimientos personales y daños a bienes. Esto levantó sospechas de la posible infiltración de grupos de delincuencia organizada en la gestión hospitalaria. Este hecho se suma a preocupaciones similares en otras casas de salud del país.
“Las instituciones del Estado no pueden estar a merced de la criminalidad. Estamos aquí para proteger a quienes trabajan y se atienden en este hospital”, afirmó el ministro Loffredo durante un recorrido por las instalaciones.
El ministro del Interior, John Reimberg, no descartó que las fuerzas de seguridad permanezcan de forma indefinida en el HCAM, como ocurre desde febrero en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, donde el director administrativo fue secuestrado.
Recorrido ministerial y reacción ciudadana
Durante la intervención, los ministros visitaron las áreas de pediatría, emergencia y farmacia, mientras decenas de pacientes aguardaban atención. Algunos ciudadanos expresaron su incomodidad por la presencia militar y por la falta de turnos médicos y medicamentos, problemas persistentes en el sistema de salud pública.
El despliegue responde a una estrategia del Ejecutivo para reforzar la seguridad hospitalaria, bajo una lógica que el propio Gobierno ha calificado como de “conflicto bélico”, ante la supuesta expansión del crimen organizado en instituciones estatales.
Militarización de hospitales
La intervención en el HCAM replica el modelo aplicado en Guayaquil, donde la militarización de hospitales ha generado debate público. Mientras el Gobierno defiende estas medidas como necesarias para recuperar el control institucional, médicos, veedores ciudadanos y pacientes han cuestionado su efectividad y han denunciado que los problemas estructurales del sistema de salud no se resuelven con presencia armada.
El Ministerio del Interior señaló que en los próximos días se informarán avances sobre la investigación en curso, que busca determinar la existencia de redes delictivas internas y posibles vínculos con mafias del narcotráfico o corrupción administrativa. (12)
