El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional, este 27 de mayo, su segunda ley económica urgente, con el objetivo de reformar y optimizar los procesos de compras públicas en Ecuador, buscando erradicar la corrupción y modernizar un sistema que el Ejecutivo considera obsoleto.

Contratación Pública

El Gobierno ecuatoriano reconoce que el sistema de contratación actual es caduco y manipulable. Las «mafias de la vieja política» serían las grandes beneficiadas del mecanismo actual, según el Ejecutivo. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea, este 27 de mayo, la segunda ley económica urgente desde que se inició el actual periodo legislativo en el que su organización política, Acción Democrática Nacional (ADN), tiene predominio. Se trata de la Ley Orgánica para la Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública que, como eje central, tiene la mejora de los procesos de compras públicas, según la expectativa del Ejecutivo.

El documento fue ingresado en la Asamblea por el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, quien explicó que la actual Ley de Compras Públicas data de 2008, por lo que está descontextualizada y requiere ajustes. Además, explicó que la «contratación pública abarca el 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB), eso implica USD 8.000 millones al año, y esto provoca que existan altos riesgos de corrupción, los cuales tienen que ser mitigados y erradicados», señaló Andino. Esta cifra subraya la magnitud de los fondos manejados y la urgencia de su control.

Propuesta de modernización en Compras Públicas

La propuesta es una nueva normativa sobre Contratación Pública con la que el Ejecutivo pretende que los procesos contractuales con el Estado «nunca más estén al servicio de los intereses de las mafias disfrazadas de proveedores». Así explicó en un video Julio José Neira, funcionario del Gobierno de Noboa que, entre otras funciones, tiene la de director encargado del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Este cambio de enfoque busca democratizar el acceso a los procesos contractuales y eliminar las prácticas discrecionales.

El proyecto, según los proponentes, apunta a modernizar y democratizar el sistema actual que suma críticas y cuestionamientos por una supuesta falta de transparencia. Para lograrlo, Neira explicó a breves rasgos lo que el proyecto plantea. Se busca aplicar estándares internacionales como el concepto de «mejor valor por dinero», eliminando así pasos y fases «caducas» e injustificadas del actual sistema de contratación. También se contempla la eliminación de requisitos hechos a la medida de ciertos proveedores y la apertura a la competencia. Esta estrategia pretende ampliar la participación y fomentar la libre concurrencia.

«Por años hemos sido víctimas de un modelo de contratación pública obsoleto e ineficiente que fue manipulable para beneficiar a ciertos personajes de la vieja política», afirmó Julio Neira, director (e) del Sercop. Según el Ejecutivo, la aprobación de esta ley generará importantes ahorros para el país y un mejor aprovechamiento de los servicios adquiridos por el Estado a través de contrataciones. Este beneficio se traducirá en recursos adicionales para inversión social y desarrollo.

Reducción de atribuciones del Sercop

Otro de los puntos que destacó Andino es que con este proyecto se reducen las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública «para que no exista el alto riesgo de que el Sercop detenga o impida que se desarrollen normalmente los procesos de contratación a pretexto de un control». Eso implicará la implementación de sistemas de control automatizados y objetivos, y así eliminar la subjetividad que podría tener un funcionario respecto a uno u otro proveedor. Esta medida busca agilizar los trámites y prevenir la discrecionalidad.

En tanto que, los proveedores que alerten y notifiquen casos de corrupción en el sistema serán categorizados de mejor manera y con mayor integridad. Este incentivo busca fomentar la denuncia y fortalecer la ética en el sector. «El sistema actual de 2008 tiene más de 30 tipos de procedimientos de contratación pública, lo que se ha vuelto inmanejable para los servidores públicos. El proyecto lo simplifica para quedarnos con cinco procesos de contratación pública», enfatizó Stalin Andino, secretario Jurídico de la Presidencia. Esta simplificación apunta a mayor eficiencia y menor burocracia.