El gobierno de Javier Milei oficializó este martes un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas, profundizando su política de ajuste económico. Las resoluciones 400 y 401 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) establecieron un incremento del 2,82% en las tarifas de Edenor y Edesur, principales distribuidoras del área metropolitana de Buenos Aires. Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso un recargo del 6,20% en el precio del gas natural, afectando a todos los usuarios residenciales del país. Estas medidas, enmarcadas en la emergencia energética prorrogada hasta julio de 2026, buscan reducir subsidios estatales en un contexto de recesión económica.
El ajuste tarifario se aplica en un momento de marcada caída en el consumo energético. Según datos del ENRE, la demanda eléctrica residencial disminuyó un 6% en el primer trimestre de 2025, reflejo de la contracción económica y la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos. En el caso del gas, ENARGAS reportó una baja interanual en el consumo residencial, atribuida a tarifas más altas y a la menor actividad económica.
Ajuste en el marco de la emergencia energética
Las nuevas tarifas forman parte del “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, una estrategia del gobierno para reducir progresivamente las subvenciones a los sectores medios y populares. Este esquema permite al Ejecutivo implementar aumentos sin audiencias públicas ni debate legislativo, amparado por la emergencia energética vigente.
En electricidad, los hogares de menores ingresos (Niveles 2 y 3) mantendrán subsidios del 65% y 50%, respectivamente, siempre que no superen los 350 kWh mensuales (N2) o 250 kWh (N3). Quienes excedan estos límites deberán pagar la tarifa plena, lo que incrementa la presión sobre los presupuestos familiares. En el caso del gas, el recargo del 6,20% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se aplicará por metro cúbico facturado, con variaciones entre el 6,23% y 6,52% según la subzona tarifaria de cada provincia.
Impacto en la economía de Argentina
Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, los servicios públicos han enfrentado un fuerte “sinceramiento tarifario”. En abril de 2025, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya habían experimentado incrementos significativos en el gas, lo que agravó la situación de los hogares en un contexto de inflación y recesión. La combinación de tarifas más altas y menor capacidad de consumo ha llevado a una notable retracción en el uso de ambos servicios.
Organismos oficiales como el ENRE y ENARGAS han señalado que estas medidas buscan equilibrar las finanzas públicas y focalizar los subsidios en los sectores más vulnerables. Sin embargo, la caída en el consumo refleja el impacto directo de estas políticas en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, en el AMBA, Edenor y Edesur reportaron una disminución constante en la demanda eléctrica. Además, el gas natural muestra una tendencia similar a nivel nacional.
Milei asegura que ajustes son necesarios
El gobierno sostiene que los ajustes son necesarios para corregir distorsiones en el sistema energético y reducir el déficit fiscal. No obstante, la falta de audiencias públicas y el impacto en los sectores medios generan críticas entre usuarios y analistas. En un escenario de recesión, estas medidas podrían profundizar las dificultades económicas de los hogares argentinos.
Mientras tanto, las distribuidoras de luz y gas deberán implementar los nuevos valores en las facturas emitidas a partir de esta semana. Los usuarios enfrentarán un nuevo desafío para equilibrar sus gastos en un contexto de creciente presión económica.
