El Gobierno de Ecuador, a través del ministro del Interior John Reimberg, anunció el 13 de julio de 2025 en Quito una recompensa de $100.000 por información veraz sobre el paradero del asambleísta Santiago Díaz Asque, acusado de violación a una menor de 12 años, para facilitar su captura y proceso judicial.
Anuncio de la recompensa por Santiago Díaz
El ministro del Interior, John Reimberg, publicó el 13 de julio de 2025 en su cuenta de X un mensaje oficial del Bloque de Seguridad del Gobierno, ofreciendo $100.000 a quien proporcione información verificable sobre el paradero de Santiago Díaz Asque. La publicación garantiza “absoluta confidencialidad” y proporciona el número 1800 Delito (335486) para recibir datos. La medida responde a la gravedad de la denuncia contra Díaz, quien enfrenta una investigación por presunta violación a una menor.
La Fiscalía General del Estado ejecutó tres allanamientos en Quito el 9 de julio de 2025, recolectando documentos y dispositivos electrónicos como parte de la investigación. Desde entonces, el paradero de Díaz permanece desconocido, según reportes oficiales.
Expulsión de Revolución Ciudadana
El 8 de julio de 2025, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) expulsó a Santiago Díaz de sus filas tras conocerse la denuncia por violación. En un comunicado, RC expresó su “repudio e indignación” y afirmó que no encubrirá a personas involucradas en delitos de esta naturaleza. La presidenta de RC, Luisa González, señaló que “la integridad de una niña y su familia está por encima de cualquier militancia”. Díaz, quien se principalizó como asambleísta el 14 de mayo de 2025 tras la inhabilitación de Priscila Schettini, solicitó una licencia sin sueldo el 8 de julio, pero el Consejo de Administración Legislativa (CAL) la rechazó el 12 de julio.
Contexto de la controversia de Santiago Díaz
Antes de la denuncia, Díaz presentó el 3 de julio de 2025 un proyecto de ley para reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años. La propuesta fue espaldada por diez asambleístas de RC. Tras la acusación, cinco legisladores retiraron su apoyo. La propuesta, aún no calificada por el CAL, generó críticas por su coincidencia temporal con la denuncia. Díaz, militante de RC desde 2009, ha ocupado cargos en el Tribunal Contencioso Electoral y fue vinculado al caso “Ligados” por filtración de información. En su defensa, Díaz alegó el 8 de julio en X que su la acusación es un “ruin montaje judicial” para silenciar sus criticas al Gobierno de Daniel Noboa.
