El Gobierno del presidente Daniel Noboa confirmó el 24 de julio de 2025, desde Quito, la desvinculación de 5.000 empleados públicos y una fusión del 41% de los ministerios. La medida busca optimizar el gasto estatal y fortalecer las finanzas públicas.
Reestructuración estatal: menos ministerios y despido
La vocera oficial del Gobierno, Carolina Jaramillo, explicó que la supresión de puestos no se basa en el nuevo reglamento de la Ley de Integridad Pública, publicado recientemente en el Registro Oficial.
“Con esta reestructuración, se reducirá en un 41% el número de carteras de Estado, lo que permitirá una administración más ágil, eficiente y enfocada en resultados”, dijo Jaramillo desde el Palacio de Carondelet. Los Ministerios pasarán de 20 a 14 y las Secretarías de 9 a 3
La funcionaria aclaró que los recortes no afectarán a docentes, militares ni policías, y que los despidos se centrarán en personal administrativo de varios ministerios y del IESS.
Evaluaciones semestrales y nueva normativa laboral
El nuevo marco legal y el nuevo reglamento introduce evaluaciones cada seis meses para los empleados públicos. La normativa establece que dos calificaciones bajas consecutivas serán causal de despido.
“No es un tema nuevo. La LOSEP lo plantea desde 2010, pero ahora se hace obligatorio y más frecuente”, sostuvo hace varias semanas Ivone Núñez, Ministra de Trabajo. La calificación de “regular” obligará a una nueva evaluación en tres meses. Si no hay mejoras, se procederá a la desvinculación del servidor público.
Protestas y críticas sindicales por despido
David Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), calificó la normativa como “inconstitucional, política y maquiavélica”. Asegura que el objetivo es despedir personal con contratos provisionales y ocasionales en salud, educación y otras áreas críticas, algo que ahora niega el Gobierno.
También en respuesta, el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocaron a una movilización. “Vamos a rechazar este decreto que arrasa con derechos laborales”, advirtió Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Las demandas también incluyen un aumento salarial y respeto a la estabilidad laboral.
Piden evaluar a los Ministros
David Quishpe denunció que la ministra de Educación no ha ejecutado más de $1.500 millones, mientras miles de estudiantes abandonan las aulas por falta de infraestructura y materiales escolares. Hay que evaluar a los Ministro que no cumplen, dijo el dirigente del magisterio ecuatoriano.
Según Quishpe, en el sector salud, alrededor de 60.000 trabajadores estarían bajo contratos precarios, lo que los dejaría vulnerables a la desvinculación. En educación, el número asciende a 44.000 docentes en condiciones similares.
¿Ajuste fiscal exigido por el FMI?
Según el Frente Popular este paquete de medidas responde al acuerdo de Servicio Ampliado (EFF) firmado con el FMI. Se conoce que el organismo exige a Ecuador un ajuste fiscal de 4,4% del PIB, es decir, más de $5.600 millones entre 2025 y 2028.
Según el FMI, $4.900 millones deberán provenir de mayor recaudación tributaria, mientras que $774 millones provendrán de recortes al gasto estatal. El organismo multilateral aprobó el 18 de julio un nuevo desembolso de $600 millones, lo que elevó el total del programa financiero con Ecuador de $4.000 a $5.000 millones.
