La Comisión Especializada de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad aprobó informes para el primer debate de varias iniciativas legislativas el 29 de julio de 2025. Estas propuestas buscan fortalecer los derechos colectivos, ambientales, de género y de víctimas. Los proyectos abordan la consulta previa, la protección ambiental, el empoderamiento de mujeres rurales y la atención a víctimas. Todas las mociones recibieron apoyo unánime o mayoritario.

El asambleísta Héctor Rodríguez mocionó la aprobación del proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. Este reconoce el derecho de comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, según el artículo 57 de la Constitución. “La consulta previa es un derecho colectivo fundamental”, afirmó Rodríguez. Él también propuso archivar la Ley de Consulta Popular, ya regulada por el Código de la Democracia.

Lenin Barreto presentó el informe del proyecto de Ley de Consulta Ambiental para fomentar la participación ciudadana en decisiones que afecten el entorno. La moción pasó por unanimidad. El proyecto busca garantizar que las comunidades opinen sobre proyectos con impacto ambiental. La transparencia en estas decisiones es prioritaria.

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Garantías Constitucionales y derechos sociales

Gustavo Mateus impulsó el proyecto de Ley de Reconocimiento y Empoderamiento de la Mujer Rural. La iniciativa abarca a mujeres campesinas, indígenas y con discapacidad, promoviendo la interseccionalidad. “Reconocemos la diversidad de las mujeres rurales”, señaló Mateus. La propuesta fortalece sus derechos y acceso a oportunidades.

Fernando Cedeño mocionó el informe de la Ley Orgánica de Víctimas, aprobada con siete votos. El proyecto propone protocolos y financiamiento para el Fondo Nacional de Reparaciones. Este fondo busca una atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos. La coordinación entre entidades estatales es esencial.

Avances legislativos

Los informes aprobados pasarán al Pleno de la Asamblea Nacional para su primer debate. Las iniciativas reflejan un enfoque en derechos colectivos y sociales. La Comisión prioriza la participación ciudadana y la reparación a víctimas. Los proyectos buscan cumplir con la Constitución.

La Asamblea Nacional analizará las propuestas en los próximos debates. Las leyes pretenden fortalecer la protección de comunidades vulnerables. La Comisión continuará supervisando el avance de los proyectos. La ciudadanía espera resultados que garanticen derechos fundamentales.