La multinacional española Telefónica anunció el 13 de junio un acuerdo para la venta de su filial ecuatoriana, Otecel, incluyendo sus marcas Movistar y Tuenti, a Millicom Spain. La concreción de esta transacción de USD 380 millones depende directamente de la renovación de la concesión del servicio de telefonía móvil por parte del Estado ecuatoriano. Ambas partes tienen hasta el 15 de julio para cerrar esta negociación, fundamental para el futuro de la operación.
De acuerdo con el Estado: movimiento estratégico
La compra de Otecel por parte de Millicom Spain, filial de la multinacional Millicom, es uno de los temas más importantes para el sector de telecomunicaciones. Esta venta representa un movimiento estratégico para ambas empresas. Millicom, con sede principal en Luxemburgo, es un actor relevante en el mercado latinoamericano, con su marca Tigo.
El cierre de la transacción, según un comunicado de Telefónica a sus inversionistas, requiere diversas aprobaciones regulatorias. La renovación de la concesión del servicio móvil por 15 años se establece como una condición determinante. Telefónica es el segundo operador móvil del país, con una participación de mercado cercana al 28% y 5 millones de clientes al cierre de marzo de 2025.
La negociación de la concesión
El proceso de negociación entre el Estado ecuatoriano y las operadoras móviles privadas, Telefónica y Claro, inició el 13 de diciembre de 2022. Estas reuniones buscaban la renovación de los contratos de concesión del servicio móvil avanzado. El plazo original de dos años, que comenzó en agosto de 2021, debía finalizar en agosto de 2023. Sin embargo, las negociaciones acumulan casi dos años de retraso.
El proceso se ha suspendido en reiteradas ocasiones, obligando al Estado a otorgar sucesivas prórrogas del contrato a Telefónica. El contrato original de Telefónica vencía el 30 de noviembre de 2023. Actualmente, la empresa opera bajo la séptima prórroga, otorgada el 15 de mayo. Esta prórroga vence el 15 de julio, fecha límite para la firma del nuevo contrato de concesión.
Obstáculos y pagos provisionales
Para el caso de Claro, su prórroga es indefinida hasta la culminación de la renegociación. Su contrato inicial venció el 26 de agosto de 2023. Otecel ha realizado pagos provisionales al Estado por cada prórroga. La última extensión de 60 días implicó un pago de USD 4 millones. En prórrogas anteriores, los pagos mensuales oscilaron entre USD 1 millón y 2 millones.
La Resolución Arcotel-2025-0079 detalla la causa principal de la dilación. Las renegociaciones no han avanzado por la falta de pronunciamiento del Ministerio de Finanzas. Se esperan los dictámenes de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales e Impacto Fiscal. Estos documentos son esenciales para que el Gobierno apruebe los montos que las operadoras pagarán por la nueva concesión. Si no se logra un acuerdo antes del 15 de julio, operadora y Estado podrían acordar una nueva prórroga.
