Una operación policial ejecutada la madrugada del 26 de marzo de 2025, en Guayaquil y Quito, llevó a la detención de once personas acusadas por la Fiscalía de delincuencia organizada, estafa y captación ilegal de dinero. Esto tras perjudicar a decenas de ciudadanos con promesas incumplidas de vehículos y propiedades a bajo costo.
En un golpe contra el crimen organizado, la Fiscalía General del Estado procesó a once individuos por su presunta participación en un esquema delictivo que operaba bajo la fachada de una empresa dedicada a la venta de vehículos de alta gama. Además, de maquinaria pesada y bienes raíces.
Los operativos, realizados en las primeras horas del 26 de marzo, abarcaron las ciudades de Guayaquil y Quito. Allí las autoridades incautaron evidencias clave como un vehículo, doce terminales móviles, dos laptops, una tablet y documentación vinculada al caso.
La investigación, liderada por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot-G), comenzó el 1 de diciembre de 2023, tras recibir denuncias de cerca de 80 víctimas que reportaron pérdidas superiores a los 300.000 dólares.
Según las pesquisas, los procesados atraían a sus víctimas con ofertas irresistibles: precios significativamente más bajos que los del mercado automotriz y promesas de entregas rápidas.
Los interesados realizaban depósitos iniciales y pagos mensuales, pero al intentar cancelar los acuerdos o reclamar su dinero, se enfrentaban a negativas rotundas. Este modus operandi generó protestas frente a las oficinas de la empresa, lo que alertó a las autoridades y desencadenó la acción judicial.
Detenciones y primeras medidas judiciales
La Fiscalía solicitó la detención de doce personas, pero solo once fueron capturadas en los allanamientos. En la audiencia de formulación de cargos, celebrada la madrugada del 27 de marzo, el fiscal presentó elementos de convicción como partes informativos, denuncias de los afectados, comprobantes de depósitos y oficios de la Superintendencia de Compañías, que identifican a los sospechosos como representantes legales y accionistas de la empresa.
El juez de flagrancia dictó prisión preventiva para siete de los procesados: Luis Fernando M. R., Luis Alfredo V. V., Joao Rafael C. Z., Jonathan Alexis G. A., Jennifer Denisse M. G., Josber José L. H. y Víctor Alexander J. O.
En el caso de Josber José L. H., quien se había sometido a una cirugía días antes, fue trasladado a una casa asistencial bajo custodia, con la orden de ser llevado a la Penitenciaría del Litoral tras su recuperación.
Para los otros cuatro implicados —Carmen Elizabeth O. M., Erick Alexander C. P., Eder Leandro B. B. y Sara Belén C. M.—, se impusieron medidas cautelares: prohibición de salida del país y presentarse cada ocho días ante el fiscal.
La instrucción fiscal, que busca esclarecer los detalles del caso, tendrá una duración de noventa días.
