La Fiscalía General del Estado solicitó el archivo de la investigación por presunto peculado que involucra al expresidente Guillermo Lasso, su cuñado Danilo Carrera, Hernán Luque y otros funcionarios. Esta petición, vinculada a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), fue presentada ante la jueza Daniella Camacho, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, el 21 de abril del 2025. La jueza Camacho ahora ha otorgado un plazo de tres días para que las partes involucradas presenten sus pronunciamientos sobre la solicitud de la fiscal general Diana Salazar. Este movimiento marca un giro significativo en el caso, que ha mantenido la atención pública durante varios meses.

La decisión de la Fiscalía de solicitar el archivo del caso presunto peculado genera controversia. Entre los posibles opositores a esta medida se encuentra la exasambleísta Mireya Pazmiño, quien presentó la denuncia original mientras ejercía como legisladora. Su abogado, Washington Andrade, ha calificado la investigación previa como “larga y lenta”. Además, ha expresado su sorpresa por la rapidez con la que la jueza Camacho tramitó la petición fiscal. «Nos ha sorprendido que la jueza despache en tiempo récord, el mismo día. Esto normalmente toma semanas o incluso meses. Sospechamos que existe intención de beneficiar con este dictamen al expresidente y a los otros investigados», afirmó Andrade. La defensa de Pazmiño ya está preparando su oposición formal al archivo de la causa, y espera que la Procuraduría General del Estado también se pronuncie dentro del plazo establecido.

Contexto del caso Flopec y la acusación

La investigación por presunto peculado tiene sus raíces en el proceso de juicio político que enfrentó Guillermo Lasso en 2023. La Corte Constitucional admitió únicamente la acusación de peculado, relacionada con contratos de transporte petrolero entre Flopec y el consorcio internacional Amazonas Tanker Pool. Un informe emitido en noviembre del 2021, la Contraloría General del Estado advirtió que estos contratos causaron perjuicios económicos al Estado ecuatoriano por al menos $6,1 millones, debido al arrendamiento de buques a costos superiores a los ingresos obtenidos. La empresa Amazonas Tanker, registrada en las Islas Marshall, fue incluida en el contrato a través de un adendo firmado en 2020, antes del inicio del mandato de Lasso en mayo del 2021.

Los asambleístas de aquel entonces argumentaron que el presidente Lasso tenía conocimiento de las irregularidades y no actuó para detenerlas. Además, la acusación sostiene que el exgerente de Flopec,  el vicealmirante Jhonny Estupiñán, intentó terminar el contrato, pero fue removido de su cargo y reemplazado por personas supuestamente cercanas a Hernán Luque, entonces presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), designado por Lasso. El 16 de mayo del 2023, Lasso compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para defenderse en el marco del juicio político. Poco después, invocó el mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, mediante el Decreto Ejecutivo No. 741, disolviendo la Asamblea y convocando a elecciones anticipadas. El caso presunto peculado por lo tanto, ha estado presente en la agenda nacional.

La defensa de Guillermo Lasso y la decisión de la Fiscalía

Desde el inicio del proceso, Guillermo Lasso ha mantenido su inocencia. En una cadena nacional en marzo de 2023, declaró que los contratos investigados se firmaron antes de su gobierno y que no se le pueden atribuir responsabilidades sobre actos que no ocurrieron durante su administración. Además, afirmó que no existían denuncias formales en la Fiscalía respecto al caso hasta ese momento. La Fiscalía, al solicitar el archivo, ha señalado que no existen los elementos suficientes que permitan establecer la existencia del delito de presunto peculado en este caso. Este criterio será ahora valorado por la jueza Camacho, quien deberá decidir si acoge el pedido o permite la continuación del proceso penal.

La solicitud de archivo por parte de la Fiscalía representa un punto crucial en el desarrollo de este caso. Si la jueza Camacho decide aceptar la petición, se cerraría la investigación contra Lasso y los demás involucrados. Sin embargo, la oposición de la defensa de Mireya Pazmiño y la posible intervención de la Procuraduría General del Estado podrían complicar este escenario.

La resolución de este caso de presunto peculado es de suma importancia. La sociedad ecuatoriana espera una decisión justa y transparente que refleje el estado de derecho. La controversia generada por la rapidez en el trámite de la petición fiscal plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso. En los próximos días, se espera que las partes involucradas presenten sus argumentos y que la jueza Camacho emita su dictamen. El resultado de este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país.