La Fiscalía General de México inició una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por el supuesto recibimiento de sobornos por 25 millones de dólares de dos empresarios israelíes a cambio de contratos públicos, incluyendo la adquisición del programa espía Pegasus durante su gobierno (2012-2018). La información, publicada por el periódico israelí The Marker, desató una controversia que el exmandatario negó categóricamente en redes sociales, calificándola como “totalmente falsa”.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, anunció que se solicitará información a las autoridades de Israel para fortalecer la carpeta de investigación. Sin embargo, advirtió que las relaciones bilaterales con ese país enfrentan tensiones,. En este caso, tras la negativa de extraditar a Tomás Zerón, señalado en el caso Ayotzinapa. La Fiscalía busca esclarecer los hechos y evitar que las acusaciones queden sin sustento, como ocurrió en denuncias previas contra Peña Nieto.
Antecedentes de las acusaciones
Las acusaciones contra Peña Nieto no son nuevas. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se presentaron varias denuncias por presunto mal uso de recursos públicos durante su administración, aunque ninguna prosperó por falta de pruebas. El caso actual, basado en el reportaje de The Marker, señala que los sobornos habrían facilitado contratos millonarios, incluyendo la compra de Pegasus, un software de espionaje utilizado para monitorear comunicaciones.
Gertz Manero destacó que la investigación será exhaustiva, pero subrayó los desafíos de colaborar con Israel debido a antecedentes diplomáticos. A pesar de ello, expresó confianza en obtener una respuesta pronta para avanzar en el caso. Peña Nieto, por su parte, no ha emitido más declaraciones públicas tras su desmentido inicial.
Contexto del caso Pegasus y ayotzinapa
El programa Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha estado en el centro de controversias en México por su uso para espiar a periodistas, activistas y opositores durante el gobierno de Peña Nieto. Además, el caso se entrelaza con otras investigaciones, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, donde el uso de este software ha sido cuestionado.
La negativa de Israel a extraditar a Tomás Zerón, exfuncionario señalado en la investigación de Ayotzinapa, ha complicado las relaciones entre ambos países. Este contexto añade incertidumbre sobre la cooperación en la nueva investigación contra Peña Nieto, aunque la Fiscalía mexicana insiste en seguir todas las líneas de indagación disponibles.
Implicaciones e investigación de fiscalía
La investigación representa un nuevo capítulo en los esfuerzos por esclarecer presuntas irregularidades durante el sexenio de Peña Nieto. Si bien el caso está en una fase inicial, la solicitud de información a Israel será clave para determinar si existen pruebas suficientes para formalizar cargos. La Fiscalía no ha especificado un plazo para los avances, pero Gertz Manero enfatizó que se actuará con rigor.
Por ahora, la atención está puesta en la respuesta de las autoridades israelíes y en la capacidad de la Fiscalía para sustentar las acusaciones. El caso también reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos y el uso de tecnologías de vigilancia en México.
