En el caso del secuestro de Fernando Balda, la fiscal colombiana Consuelo Montañez recibe una sentencia por favorecer a los secuestradores en 2012. En Ecuador se estableció que en el delito participaron elementos de la inteligencia que manejaba el gobierno.

El 19 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a la fiscal colombiana Consuelo Montañez a ocho años de prisión por fraude procesal y prevaricato. Esto ocurre tras descubrirse que favoreció a los secuestradores de Fernando Balda. Este caso, que involucra la complicidad con los autores del secuestro en Bogotá en 2012.

El secuestro de Balda: un caso de persecución política

El 13 de agosto de 2012, Fernando Balda, líder opositor al gobierno de Rafael Correa, fue secuestrado en Bogotá, Colombia. Este hecho fue orquestado por agentes vinculados a los servicios de inteligencia de Ecuador, según determinó la Justicia ecuatoriana. Esto ocurrió como parte de un plan para silenciar a Balda, quien había denunciado altos niveles de corrupción en el gobierno de Correa, según Balda. El secuestro, cometido en Colombia, sin embargo, fue frustrado gracias a la intervención de las autoridades policiales colombianas, que lograron rescatar al ecuatoriano.

Inicialmente, el secuestro se presentó como un incidente aislado, pero la investigación reveló que el gobierno de Ecuador utilizó sus recursos de inteligencia para perseguir a sus opositores y luego contratar a los secuestradores, en un claro abuso de poder.

La intervención de la fiscal Consuelo Montañez

En 2015, las investigaciones en Colombia arrojó pruebas de que la fiscal Montañez, encargada de llevar el caso de los secuestradores, favoreció a los implicados en el secuestro. Según el Tribunal Superior de Bogotá, Montañez negoció un acuerdo con la defensa de los secuestradores, que les permitió reducir la condena a seis años de prisión, a cambio de que reconocieran su responsabilidad en el secuestro. Sin embargo, la Fiscalía no consultó con la víctima, Fernando Balda, sobre el acuerdo y le impuso un abogado que no era de su confianza.

En los documentos judiciales, se descubrió que dos de los secuestradores, representados por la abogada Judy Ospina Guzmán, lograron el preacuerdo. Posteriormente, Montañez también sugirió la posibilidad de otra pena, pero solo si el caso era abordado por otro abogado. Esto en clara violación del derecho a la defensa y de la voluntad de la víctima. El tribunal consideró que esta acción era un fraude procesal y que Montañez actuó con el único propósito de beneficiar a los secuestradores.

La sentencia y sus implicaciones

El 19 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Consuelo Montañez a ocho años de prisión por fraude procesal y prevaricato, y la inhabilitó por casi nueve años para ejercer cargos públicos. En su fallo, el tribunal subrayó que la fiscal había dejado de cumplir con su responsabilidad como funcionaria pública y que su objetivo era obtener beneficios para los secuestradores. El tribunal declaró que Montañez actuó de manera dolosa al manipular el caso y engañar a los jueces desde 2012, cuando presentó la denuncia inicial por secuestro.

La reacción del secuestrado Fernando Balda

Fernando Balda, al conocer la sentencia de la fiscal colombiana, expresó en redes sociales: “Correa siempre dijo que mi caso era un secuestro simple y no agravado. Ahora, con la sentencia contra Montañez, se demuestra que todo fue un acto orquestado por el gobierno de Correa, y que la fiscal manipuló el caso para favorecer a los secuestradores”. La sentencia también representa un revés para las narrativas construidas por el gobierno de Correa, que durante años intentó minimizar el secuestro.

Sentencia de Pablo Romero

Pablo Romero, exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) de Ecuador, fue condenado en agosto de 2020 en Ecuador. La pena es de 9 años de prisión por su participación en el secuestro de Fernando Balda. Romero, quien estuvo prófugo en España durante varios años, fue extraditado a Ecuador en 2019 para enfrentar juicio.

La Corte Nacional de Justicia lo declaró culpable de ser el autor mediato del secuestro, ya que las investigaciones demostraron que el exfuncionario orquestó la operación a través de los recursos del servicio de inteligencia ecuatoriano.

La sentencia también incluyó una reparación pecuniaria simbólica de 1 dólar y disculpas públicas de Romero en un medio de comunicación nacional. Además, se ordenó la colocación de una placa conmemorativa en la institución que reemplazó a la SENAIN, con el mensaje de que los recursos de inteligencia deben proteger a los ciudadanos y no ser usados para perseguir a opositores políticos. Romero ya está libre.

Sentencia de Raúl Chicaiza y Diana Falcón

Raúl Chicaiza y Diana Falcón, dos agentes de inteligencia de la SENAIN, fueron sentenciados a 8 años de prisión cada uno por su participación directa en el secuestro de Fernando Balda en 2012. Ambos agentes fueron considerados responsables materiales del secuestro, ya que fueron los encargados de ejecutar el plan.

Según la justicia ecuatoriana, Chicaiza y Falcón actuaron bajo las órdenes de sus superiores en la SENAIN.

Durante el juicio, Chicaiza y Falcón intentaron negar las acusaciones en su contra, argumentando que no actuaron con el propósito de secuestrar a Balda. Según ellos cumplieron una misión oficial. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el proceso judicial, demostraron que su participación fue clave en la ejecución del secuestro.

La situación de Rafael Correa

Rafael Correa, expresidente de Ecuador entre 2007 y 2017, enfrenta dos órdenes de prisión. Una de ellas por este caso. En este proceso ocurre por su presunta implicación como autor mediato en el secuestro de Fernando Balda. Según la acusación, Correa ordenó el secuestro de Balda, orquestado por los servicios de inteligencia ecuatorianos. Sin embargo, el juicio contra Correa está suspendido debido a que el Código Penal ecuatoriano de la época del secuestro no permite juzgar a una persona en ausencia.

Correa sostiene que todo es un invento y parte de un plan de persecución política.

La segunda orden de prisión del exmandatario corresponde al Caso Sobornos, en el que Correa fue condenado en 2020 a 8 años de prisión. Esa sentencia es por su implicación en una red de sobornos vinculada a contratos de obra pública durante su gobierno. Aunque la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió la orden de captura, Correa aún no es localizado ni extraditado.