En febrero de 2025, un informe conjunto de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) y el Instituto de Estudios Empresariales de la Universidad San Francisco de Quito reveló que el 27% de los manabitas que ingresaron al sistema financiero formal entre 2019 y 2024 han sido excluidos debido a morosidad y baja calificación crediticia. Esta cifra posiciona a Manabí como la segunda provincia con mayor índice de exclusión financiera en el país, afectando directamente a miles de ciudadanos y al desarrollo económico regional.

Según el informe, de los 1,1 millones de ecuatorianos que accedieron al crédito formal en los últimos cinco años, aproximadamente 398.000 han caído en cartera castigada o en demanda judicial. Guayas lidera con un 33% de exclusión, seguido por Manabí con un 27% y Pichincha con un 22%. Estas tres provincias concentran casi el 60% de los afectados a nivel nacional.

Para algunos es difícil no caer en mora

El portovejense Pablo Cedeño, cuenta que con las condiciones actuales (inseguridad, falta de oportunidades laborales, y más) es prácticamente imposible no caer en mora. «Yo soy comerciante, y aunque me desespere por cubrir mis deudas, la situación del país no me lo permite», sostiene.

Valeria Llerena, directora ejecutiva de la RFD, enfatizó que «la inclusión financiera no puede ser solo una puerta de entrada, sino un camino sostenible». Por su parte, Diego Grijalva, director del Instituto de Estudios Empresariales de la Universidad San Francisco, explicó que este fenómeno se da cuando una persona que ya es parte del sistema financiero enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones, lo que la excluye nuevamente de los beneficios de acceso al crédito y otros productos financieros.

Factores clave que inciden en la exclusión financiera:

• Acceso limitado a educación financiera.

• Falta de mecanismos de apoyo para deudores.

• Altas tasas de interés en créditos informales.

• Impacto económico de desastres naturales.

• Desempleo y subempleo en la región.

• Inseguridad y extorsiones que afectan a comerciantes.

• Migración de familias endeudadas que dejan impagos.

• Falta de políticas públicas para la reinclusión financiera.

• Limitado acceso a tecnologías financieras en zonas rurales.

• Desconfianza en el sistema financiero formal.

Faltan políticas públicas para la reinclusión

La situación en Manabí refleja una combinación de factores estructurales y coyunturales que dificultan la permanencia de los ciudadanos en el sistema financiero. La falta de políticas públicas efectivas para la reinclusión financiera y el limitado acceso a tecnologías financieras en zonas rurales agravan el problema, según expertos.

En este contexto, es crucial que las autoridades y las instituciones financieras implementen estrategias integrales que aborden las causas de la exclusión y promuevan una inclusión financiera sostenible, especialmente en provincias como Manabí, donde la vulnerabilidad económica es más pronunciada.