El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, planea imponer multas de USD 998 diarios a migrantes sin permiso que no abandonen el país, para reforzar el control migratorio.
Las multas serían para los migrantes con órdenes de deportación que no se autodeporten a través de la aplicación CBP Home. Esta medida también incluirá la posibilidad de confiscar propiedades de quienes no paguen las multas, según documentos revisados por Reuters.
Si bien el plan no ha sido anunciado de manera formal, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), confirmó que sí es un proyecto del presidente.
“[Las consecuencias] incluyen una multa de $998 dólares por cada día que el inmigrante ilegal haya permanecido después de su orden final de deportación”, señaló la portavoz a través de un comunicado para Reuters.
Multas de Estados Unidos a migrantes serían millonarias
Según se conoció, la sanciones serán retroactivas hasta por cinco años, lo que podría resultar en penalidades superiores a USD 1 millón para algunos casos.
El DHS había advertido sobre esta medida en una publicación en redes sociales el 31 de marzo de 2025. Allí instó a los migrantes a usar CBP Home para salir voluntariamente del país.
La política se basa en una ley de 1996, incorporada a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite multas civiles de hasta USD 500 diarios por no cumplir con órdenes de deportación.
Durante su primer mandato, Trump ya había utilizado esta normativa en 2019, imponiendo multas de entre USD 300.000 y USD 500.000 a migrantes que buscaban refugio en iglesias de Estados Unidos.
Sin embargo, esas sanciones fueron reducidas a USD 60.000 por persona meses después. En 2021, la administración Biden suspendió estas multas.
Impacto y desafíos operativos
El plan afecta a cerca de 1,4 millones de migrantes con órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración, según estimaciones oficiales. Sin embargo, un memorando interno revisado por Reuters indica que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) enfrenta limitaciones para implementar las sanciones.
El documento señala que CBP necesitaría al menos 1.000 nuevos especialistas paralegales, más del triple de los que tiene actualmente. Esto para gestionar las multas y confiscaciones, lo que podría generar costos significativos.
Esta medida se suma a otras acciones de la administración Trump para controlar la migración.
Desde su regreso a la presidencia a inicios de 2025, Trump ha priorizado políticas estrictas, incluyendo la suspensión del parole humanitario para ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, que había beneficiado a 530.000 personas bajo la administración Biden.
Además, se han propuesto registros obligatorios para migrantes indocumentados, con penas de hasta seis meses de cárcel por incumplimiento.
