El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una alerta de viaje de nivel 4, la categoría más alta, instando a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela.

Según el comunicado, los riesgos incluyen detención injusta, terrorismo, secuestros, delitos violentos, disturbios civiles y atención médica inadecuada. La portavoz del Departamento, Tammy Bruce, destacó que los ciudadanos estadounidenses enfrentan un riesgo significativo de detención injusta, con casos de personas retenidas hasta cinco años sin debido proceso.

Bruce señaló que las fuerzas de seguridad venezolanas suelen detener a estadounidenses basándose únicamente en su nacionalidad o pasaporte, sometiéndolos a condiciones de detención que incluyen tortura.

Además, subrayó la ausencia de una Embajada o consulado estadounidense en Venezuela, lo que dificulta la asistencia a los detenidos. Las autoridades venezolanas no notifican a Washington sobre detenciones de ciudadanos estadounidenses ni permiten visitas consulares, y a los arrestados se les niega frecuentemente acceso a asistencia legal o contacto con familiares.

El Departamento de Estado advirtió que incluso los estadounidenses que viajan para visitar seres queridos o quienes poseen doble ciudadanía enfrentan los mismos riesgos.

“Todo estadounidense corre el riesgo de ser detenido por el régimen de Nicolás Maduro”, afirmó Bruce, recomendando a quienes estén en Venezuela abandonar el país inmediatamente.

Respuesta de Venezuela a Estados Unidos

En respuesta, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, emitió una alerta de viaje desaconsejando a los ciudadanos venezolanos viajar a Estados Unidos. Gil instó a los venezolanos que residen en territorio estadounidense a considerar abandonar el país, alegando un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

Según el ministro, los venezolanos en EE.UU. son víctimas de detenciones arbitrarias, separación de familias y traslados a campos de concentración en terceros países.

Gil calificó estas prácticas como una “operación de xenofobia” promovida por factores de la ultraderecha venezolana y norteamericana, y acusó a Estados Unidos de utilizar el “chantaje migratorio” y la criminalización del gentilicio venezolano.

“Esto constituye una práctica inaceptable que recuerda los peores capítulos de la historia contemporánea”, afirmó.

El intercambio de alertas refleja la tensión diplomática entre ambos países, que carecen de relaciones consulares plenas desde el cierre de la Embajada estadounidense en Caracas en 2019.

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Alertas de Estados Unidos

Las alertas de viaje se enmarcan en un contexto de relaciones bilaterales deterioradas entre Estados Unidos y Venezuela. Desde la reelección de Nicolás Maduro, considerada fraudulenta por Washington, Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas y ha acusado al gobierno venezolano de violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Venezuela ha denunciado repetidamente a Estados Unidos por intervencionismo y políticas migratorias que, según Caracas, discriminan a sus ciudadanos.

El nivel 4 de alerta de viaje para Venezuela ha sido mantenido por el Departamento de Estado desde hace años. Esta nueva advertencia destaca el aumento de detenciones de ciudadanos estadounidenses, con un número no precisado de casos actuales.

La ausencia de representación diplomática estadounidense en Venezuela complica la asistencia a los detenidos. Por otra parte, la alerta venezolana parece ser una medida retaliatoria para contrarrestar la narrativa de Washington, según han destacado medios internacionales.

Implicaciones para los ciudadanos

La advertencia de Estados Unidos subraya que ni la doble ciudadanía ni tener un empleo en Venezuela protege a los estadounidenses de posibles detenciones.

Por otro lado, la alerta venezolana podría generar incertidumbre entre los venezolanos que residen en Estados Unidos. Muchos de ellos, según registros, huyeron de la crisis económica y política en su país.

Ambas alertas, aunque dirigidas a audiencias distintas, comparten un tono de urgencia y reflejan el clima de desconfianza mutua entre los gobiernos. Los ciudadanos de ambos países enfrentan ahora decisiones complejas sobre viajes y residencia.