Con seis votos a favor y uno en contra, el Concejo Municipal de Quevedo aprobó el martes 25 de marzo la “Ordenanza para el Control de la Prostitución Clandestina y/o Ilegal”, que regula la actividad en el cantón y prohíbe su ejercicio en espacios públicos. La medida ha recibido el respaldo de los ciudadanos, pero también genera inquietud entre algunos sectores.
La medida fue impulsada por el concejal Leonardo Jiménez, quien destacó la necesidad de recuperar los espacios de esparcimiento como el Parque Central. Este espacio se ha visto marcado por la presencia de mujeres que ejercen la prostitución en la vía pública, durante todo el día.
De acuerdo con la ordenanza, las trabajadoras sexuales deberán ejercer su oficio únicamente en centros de tolerancia, cabarets, prostíbulos y otros lugares con los permisos correspondientes. En una primera fase, las autoridades pretenden retirar a las trabajadoras del Parque Central y de otros lugares públicos. La medida ha sido recibida positivamente por algunos residentes y comerciantes de la ciudad, quienes consideran que la reubicación mejorará la seguridad y el orden en la zona.
El respaldo a la ordenanza es notable entre varios sectores de la comunidad. Yesenia Rosero, comerciante de la zona, expresó a un medio local su satisfacción con la medida, destacando que será beneficioso para la ciudad y para las propias trabajadoras sexuales, quienes podrán desempeñar su oficio en lugares adecuados y recibir respeto.
Andrea Pincay, representante de las trabajadoras sexuales de Los Ríos, mostró su apoyo a la ordenanza pero solicitó algunas modificaciones. Señaló que algunas trabajadoras, principalmente mujeres mayores o cabeza de hogar, no pueden ser reubicadas en night clubs debido a restricciones del sector.
La ordenanza también ha generado preocupación entre las trabajadoras sexuales, ya que algunas de ellas temen no poder continuar su actividad en las nuevas condiciones. Pincay destacó que no todas las mujeres en el Parque Central forman parte de la asociación que ella representa, y que algunas están involucradas en conductas delictivas, lo que compete a las autoridades.