El consultor político, Fernando Rodríguez, analiza los riesgos de eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos: desde la pérdida de representación democrática hasta la posible entrada de capitales ilícitos en las campañas. Advierte que, sin mecanismos transparentes ni una reforma integral, la medida puede terminar fortaleciendo a los grandes y excluyendo a los pequeños.

La propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos fue aprobada en la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional. Está próxima a ser debatida en el Pleno. Impulsada por sectores afines al Gobierno, plantea suprimir los recursos estatales asignados a las organizaciones políticas, bajo el argumento de reducir el gasto público y combatir el uso ineficiente de esos fondos. Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupación en analistas, movimientos locales y sectores de oposición, que advierten un riesgo de concentración del poder y debilitamiento del sistema democrático.

-¿Cuáles serían las consecuencias políticas y electorales de esta reforma que elimina el financiamiento público a los partidos políticos?

Hay varias posturas acerca de esta reforma que ahora va al Pleno de la Asamblea a votación. Pero yo creo que esta propuesta responde también a un tiempo político. Es una propuesta un poco popular, un poco antipopular, pero que en términos tal vez de conquistas electorales puede ser vista desde el Gobierno como una victoria. Yo creo que más allá de que se apruebe o no, hay que ver las consecuencias.

Hay consecuencias evidentemente positivas. Creo que al no entregar recursos directamente a los partidos y movimientos, hay un ahorro en los recursos del Estado. Tal vez se lo puede considerar esta práctica como un despilfarro de dinero, pero también hay una incidencia un poco negativa en esta medida. ¿Por qué? Porque va a empezar a haber un poco de tal vez financiamiento de ciertos sectores… puede ser que sea un financiamiento ilícito, puede ser que sea un financiamiento de un privado muy grande, lo que provocaría que organizaciones pequeñas que no incurran en estas prácticas queden un poco relegadas del escenario político o electoral.

Yo creo que más allá de la medida, hay que evaluar sus consecuencias.

-¿Tiene actualmente el país mecanismos de control eficientes para vigilar la procedencia de los fondos?

Mecanismos los tiene, pero hay que ver si son eficientes y completamente transparentes. Yo creo que por allí debería apuntar el debate en el Pleno de la Asamblea, porque al no entregar recursos el Gobierno a los movimientos y partidos, está de cierto modo aplicando un filtro a los partidos pequeños que dependen de este valor que viene del Estado Central.

Entonces, yo creo que hay que implementar mecanismos de transparencia y tal vez apuntar al desempeño electoral. Creo que por allí puede ir una alternativa para esta reforma…

-¿Qué tipo de mecanismos funcionarían? ¿Serían aplicables en el contexto nacional?

Yo insisto, creo que el desempeño electoral es un filtro importante. Es decir, a ver, si en esta elección seccional que se avecina en el 2027 hay movimientos y partidos que no alcanzan cierto porcentaje, o que no ingresan concejales a los consejos municipales, o que no ganan alcaldías, por ejemplo, evaluar la cantidad de dinero que se les da, apegado a ese desempeño.

Porque si no, esto se vuelve el dar el dinero y tal vez el desempeño no es tan bueno, lo cual se podría llegar a pensar que sí es un despilfarro dar un dinero a alguien que no logra las expectativas políticas de llegar a través de resultados a un consejo o poner una alcaldía. Entonces, creo que el desempeño electoral, haciendo un histórico o tal vez una proyección a futuro, puede ser un mecanismo que sí ayude al Gobierno central a entregar fondos en tanto y en cuanto ese desempeño sea positivo, negativo o se mantenga.

-¿Cuáles serían, a su criterio, los riesgos reales que implica que dineros privados empiecen a financiar a los partidos políticos?

Hay que tener cuidado, el riesgo es el tema de la incursión de la delincuencia o de las organizaciones delictivas dentro de la política. Siempre cuando estos grupos financian las campañas o financian ciertos movimientos políticos, son a cambio de alguna cosa, ¿no? Y alguna cosa que compromete el bienestar de la ciudadanía, incluso hasta la toma de decisiones.

Entonces, es muy delicado tener financiamiento ilícito porque siempre va a hacer una deuda, ¿no? Hacer una deuda que va a impactar evidentemente en la toma de decisiones a nivel público.

-¿Esta reforma afectaría ùnicamente a los partidos pequeños?

Yo creo que hay que tener un poco de cuidado a la hora de aprobar esta medida porque, insisto, hay movimientos como, por ejemplo, Pachakutik, hay movimientos pequeños dentro de la provincia y del país que dependen de esta asignación de recursos para poder establecer una estructura política, establecer candidatos, planificar su campaña, planificar la publicidad electoral.

Entonces, creo que deberían existir filtros un poco más sensibles a la hora de rendir cuentas del uso de estos fondos públicos para que o se sigan entregando o ya no se sigan entregando o en qué medida se los pueden seguir entregando.

-¿Corren el riesgo de desaparecer estos partidos políticos si no tienen ese aporte económico estatal?

No solamente podrían desaparecer por esta reforma que se quiere aprobar, también podrían desaparecer por el método que ha sido cambiado dentro del Código de la Democracia. Ya no estamos en el método de Webster, sino vamos nuevamente a volver al método  D’Hondt , que también es negativo para los partidos o movimientos políticos pequeños porque pierden representación. Tenderían a aliarse a movimientos grandes para no desaparecer.

Hay algunos movimientos que en la actualidad ya tienen “tarjeta amarilla” dentro del CNE por esta falta de participación o de victorias electorales dentro de las últimas elecciones electorales, valga la redundancia.

Entonces, creo que estas medidas apuntan un poco a sepultar ciertos movimientos que son, bien locales, otros nacionales que no tienen mucha relevancia. Pero ojo, eso repercute en la representación y en la participación plural que tiene a la hora la gente de involucrarse en la política.

-¿Esta reforma responde a una coyuntura o a una estrategia más amplia del Gobierno?

Yo creo que es una estrategia un poco más amplia. Si bien hemos visto que en las últimas elecciones seccionales ingresan 15, 16 candidatos, por ejemplo, en los cantones incluso muy pequeños hay una cantidad importantísima, grande, de candidatos. Hace que, si bien no se pueda conquistar territorios por esta desmembración muy amplia del voto, a veces hay algunos actuales alcaldes que han ganado con 15, 17, 20 % del electorado, lo cual es absolutamente llamativo.

Entonces, esto puede ser una estrategia un poco más amplia a la hora de conquistar territorios políticos que apuntan a tener menos movimientos. Y al haber dos partidos grandes en esta coyuntura nacional de contraparte, es decir, está RC por un lado y también está ADN y los independientes por allí, al tener este panorama dual hace que se apunte a una estrategia de mantenerlo, de no desmembrar tanto al electorado ni a los partidos para que se sumen al uno o al otro.

Creo que por allá va a apuntar el tema político-electoral que tiene pensado el Gobierno.

-¿Qué tanto beneficio trae esto para la democracia?

Poco, porque el Ecuador tiene una democracia representativa y dentro de ese concepto representativo lo que se busca es que todos los actores políticos, a través de una plataforma o movimiento político, busquen ser escuchados, que se los tomen en cuenta.

Entonces, al no existir partidos políticos pequeños se pierden las agendas programáticas que tienen los partidos políticos. Es decir, ahora me toca alinearme a un grande y ese grande me va a subyugar en las políticas o en la agenda pragmática que tenga ese partido. Entonces, mi voz ya no es escuchada y tengo que seguir lo que el partido político quiere. Es muy negativo en este sentido.