Las elecciones presidenciales 2025 en Ecuador enfrentan un nuevo capítulo de tensión. Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, rechazó los resultados de la segunda vuelta del 13 de abril. Con el 98% de actas escrutadas al 14 de abril a las 16h00, Daniel Noboa lidera con 55,59%, mientras González obtiene 44,41%. La candidata anunció que solicitará un reconteo de votos. Su pedido genera debate sobre la transparencia del proceso electoral.
González expresó su inconformidad ante simpatizantes el domingo 13 de abril. Aseguró que existen inconsistencias que afectan los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aclaró que los candidatos tienen hasta 24 horas después de la proclamación oficial para presentar reclamos. Sin embargo, estos deben ir acompañados de pruebas contundentes. El organismo analizará cualquier solicitud dentro de un marco legal.
En el contexto de las elecciones presidenciales 2025, el CNE sigue reglas claras para un reconteo. Según el Código de la Democracia, las juntas provinciales revisan actas con novedades, como inconsistencias numéricas o falta de firmas. Este proceso se realiza en la Sesión Pública Permanente de Escrutinio. Las 24 Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior participan en esta etapa. El escrutinio no debe exceder los 10 días desde la jornada electoral.
Condiciones para el reconteo de votos
El artículo 134 del Código de la Democracia, clave en las elecciones presidenciales 2025, detalla el procedimiento. Las actas con inconsistencias numéricas o sin firmas del presidente y secretario de la Junta Receptora del Voto se suspenden. Luego, las juntas revisan estas actas para validar o corregir datos. El CNE utiliza tecnología para garantizar precisión en el cómputo. Este mecanismo busca transparencia en el proceso electoral.
El artículo 138 establece cuándo se abren urnas en las elecciones presidenciales 2025. Esto ocurre si un acta presenta inconsistencias numéricas superiores al 1% entre sufragantes y votos contabilizados. También aplica si faltan firmas de las autoridades de la Junta Receptora del Voto. Además, los sujetos políticos pueden solicitarlo si las actas que poseen no coinciden con las computadas. La apertura se realiza en las Juntas Receptoras del Voto señaladas.
Plazos y mecanismos para impugnaciones
En las elecciones presidenciales 2025, el Código de la Democracia también regula las impugnaciones. El artículo 238 indica que, ante reclamos, la proclamación de resultados se pospone hasta resolverlos. El CNE o las Juntas Electorales, según corresponda, deben emitir una resolución en tres días. Si hay apelaciones, el Tribunal Contencioso Electoral las revisa. Los candidatos tienen dos días para presentar impugnaciones tras la oficialización de resultados.
El artículo 239, relevante para las elecciones presidenciales 2025, otorga a los actores políticos dos días para objetar decisiones del CNE. Estas acciones se presentan ante la entidad que emitió la resolución o su superior jerárquico. La normativa busca garantizar un proceso ordenado y justo. Por ello, González deberá sustentar su solicitud con pruebas claras. El CNE evaluará si procede o no el reconteo solicitado.
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Revolución Ciudadana no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales del 2025
La solicitud de González en las elecciones presidenciales 2025 refleja la polarización política en Ecuador. Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, ha cuestionado la legitimidad del proceso. Mientras tanto, Noboa celebra su ventaja y pide calma a la ciudadanía. La diferencia de más de 11 puntos genera dudas entre los simpatizantes de González. Este escenario podría prolongar la incertidumbre electoral en el país.
El pedido de reconteo en las elecciones presidenciales 2025 también pone a prueba al CNE. La institución debe demostrar imparcialidad y eficiencia al manejar las solicitudes. Atamaint enfatizó que el organismo está preparado para resolver cualquier controversia. Sin embargo, la presión de los movimientos políticos podría complicar el proceso. La ciudadanía espera una resolución que respete la voluntad popular expresada en las urnas.
