Los resultados electorales deben ser bien analizados. Más que el triunfo del candidato Noboa, con varios aspectos vulnerables, existió una reiterada pérdida para el autoritarismo correísta.
En gran parte del país hubo ansiedad manifiesta por un eventual regreso de un régimen represivo y atrabiliario en extremo. Incluso donde se supone ganaron en las elecciones seccionales, como Pichincha, Guayas y Azuay; en las ciudades más pobladas, como Quito, Guayaquil y Cuenca, perdieron, y en numerosas provincias en forma contundente.
Se supone que una organización vertebrada en todo el país durante lustros, con recursos económicos inocultables y decenas de miles de cuadros incorporados en la administración pública, vencería con facilidad a un candidato sin estructuras, sin discurso convincente, responsable de apagones diarios de hasta catorce horas durante meses, responsable del alza del IVA en un tres por ciento, privatizador del gas, de la energía eléctrica, que irrespetó normas legales e inconstitucionales, entre otros aspectos.
“Quien siembra vientos cosechará tempestades”, señala un dicho bíblico. El millón 300 mil jóvenes que fueron excluidos de las universidades entre el 2011 al 2019, en aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, y sus padres de familia, no olvidan esta dolorosa exclusión.
Sacaron del sistema educativo, bajo presión y bullying laboral, varias decenas de miles de maestros normalistas, y excluyeron de las universidades a incontables miles de profesores, alegando que no disponían de PhD. Deterioraron la calidad educativa y de salud. Para colapsar al IESS obligaron a que sean atendidos 1,8 millones de hijos de afiliados, sin dar un centavo para atender esta nueva prestación. Con la Ley de Justicia Laboral suspendieron el aporte del Estado del 40 % para los jubilados.
Imperó la impunidad para negociados escandalosos sin precedentes. Para el control social, con la Ley Orgánica de Comunicación, entre 2013 al 2017, impulsaron una represión desaforada a periodistas y medios de comunicación. Iniciaron 1.083 procesos administrativos y sancionaron a 675 periodistas y medios. Para ello, gastaron 57 millones de dólares.
Cientos de dirigentes sociales encarcelados. Se eliminó a dirigentes indígenas y ambientalistas como Freddy Taish, Bosco Wisuma y José Tendetza. Desalojos violentos de todos los pobladores de Tundayme, en Zamora Chinchipe, y de Nankintz, Morona Santiago, para entregar las minas de oro, plata y cobre, Mirador y Panantza San Carlos, a las empresas “China Railway Construction” y “Tongling Nonferrous Metals Group”. Privatizaciones intensivas. Leyes a favor de corporaciones extranjeras. Manejaron alrededor de 450 mil millones de dólares sin debido ni transparente manejo, desaprovechando una ocasión única para impulsar el desarrollo nacional.
