Aunque los ataques dentro de los centros de rehabilitación social del país se han detenido después del asesinato de 80 reos en varias cárceles, el Gobierno no puede descuidarse y, más bien, debe elaborar un plan detallado para intervención en esos lugares.
Dos estados de excepción no han dado el resultado esperado. Las esporádicas inspecciones en las celdas y la falta de controles rigurosos a todo el que ingresa a las cárceles, incluso a los trabajadores, han contribuido a que se pierda el sentido de la rehabilitación social.
Las prisiones, evidentemente, no están bajo el control de las autoridades, sino de los mismos reos que imponen sus voluntades y delinquen bajo condiciones de impunidad. Así, la Policía y la Fiscalía han revelado casos de prisioneros que extorsionan y disponen robos y asesinatos pese a estar tras los muros de un centro carcelario.
Es necesario que haya un plan de acción, pero también tiene que trabajarse en un proyecto de reforma a todo el llamado sistema de rehabilitación social.
Si el Gobierno, sea este o el próximo, no toma bajo su control el manejo de las cárceles, los síntomas de la violencia podrían agravarse y, tal vez, salir de tras los barrotes y golpear a la sociedad.
