El planteamiento de reformas constitucionales, propuesto por el presidente de la República, responde a una necesidad evidente: actualizar el diseño institucional del Estado para mejorar su funcionamiento y responder a las demandas sociales y económicas del país.

La actual estructura de cinco funciones del Estado ha generado confusión de competencias y debilitado la gobernabilidad. Volver a una organización basada en los tres poderes tradicionales —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— permitirá clarificar roles y la independencia de funciones.

Otro aspecto urgente es la descentralización. La Constitución mantiene un modelo centralista que limita la capacidad de acción de los gobiernos locales. Es necesario dotarlos de autonomía real y de los recursos suficientes para que puedan responder a las necesidades ciudadanas.

En lo económico, si bien se han aprobado incentivos a la inversión y al empleo juvenil, faltan reformas más profundas en materia laboral y de seguridad social. Sin modernización en estos campos, la sostenibilidad del sistema y la competitividad del país seguirán en riesgo.

Cualquier reforma debe ser limitada y precisa. Convocar a una Asamblea Constituyente con plenos poderes implicaría posibles consecuencias negativas.