La audiencia judicial prevista para el 5 de mayo en la que se revisarían las medidas cautelares contra los implicados en el fallecimiento de la policía Yarli Zulay Merino, de 21 años, se suspendió en Santo Domingo. Esto tras la solicitud de la fiscal del caso, quien alegó estar realizando diligencias relacionadas con la misma causa. La audiencia, programada para las 16h30 del 5 de mayo, tenía como fin evaluar la revisión de las medidas impuestas a los sospechosos del presunto homicidio culposo por mala práctica médica. La fiscal del caso notificó quela ejecución de diligencias inherentes a la investigación, lo que provocó la suspensión del acto procesal.

El caso gira en torno a la muerte de Yarli Zulay Merino, funcionaria policial que falleció el pasado 20 de abril, horas después de haberse sometido a una cirugía estética en una clínica  de Santo Domingo de los Tsáchilas. La trasladaron de urgencia al hospital Gustavo Domínguez, donde se confirmó su deceso. Cuatro personas que participaron en el procedimiento médico fueron aprehendidas: la cirujana, el anestesiólogo, el instrumentista y una enfermera. Tras la audiencia de flagrancia, la enfermera fue liberada, otro implicado recibió arresto domiciliario y dos quedaron con prisión preventiva.

Familiares exigen justicia durante la audiencia

Mientras se desarrollaban los procedimientos legales, familiares y allegados de la víctima realizaron un plantón pacífico frente a la Judicatura y la Fiscalía en Santo Domingo. Con carteles y consignas exigieron que se haga justicia. Rosa Silvia Gómez, madre de Yarli, enfatizó que su lucha busca evitar futuras tragedias similares. “Queremos que se mantengan las detenciones preventivas, porque esto fue negligencia. No queremos que otra familia pase este dolor”, afirmó la mujer. Gómez también convocó a la ciudadanía a unirse a las movilizaciones que continuarán en los exteriores de las instituciones judiciales hasta obtener una respuesta clara.

Muerte tras liposucción reaviva debate sobre control médico

Yarli Zulay Merino, prestaba sus servicios en el cantón Paján de Manabí, pero residía en Santo Domingo. Esos días se encontraba con licencia para someterse al procedimiento. Según sus familiares, a la joven se le informó que la intervención era ambulatoria y que regresaría a casa el mismo día. Sin embargo, su estado de salud se deterioró rápidamente.

El caso ha generado indignación ciudadana y ha reabierto el debate sobre la regulación de clínicas estéticas y la responsabilidad médica en procedimientos de riesgo.  Actualmente, la instrucción fiscal sigue en curso. La audiencia de revisión de medidas será reprogramada conforme a la disponibilidad del despacho judicial, aunque no se ha especificado una nueva fecha (5).