Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito Jorge Yunda y buscado por asociación ilícita, fue detenido en Argentina, informó este miércoles el Ministerio de Gobierno en un comunicado en el que señaló que se ha iniciado ya el proceso de traslado.
«Sebastián Yunda, quien contaba con notificación roja de Interpol desde noviembre pasado, fue ubicado y detenido hoy en Buenos Aires, Argentina, mediante la cooperación» de la Policía de Ecuador y la Policía Federal Argentina, indicó el Ministerio en su cuenta de Twitter.
Añadió que se inició el proceso para su traslado «y se prevé que llegue al país dentro de algunas semanas».
En un comunicado adjunto en Twitter, el Ministerio recordó que Sebastián Yunda era buscado en 194 países, y que desde octubre pasado pesaba sobre él una orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita.
El pasado 11 de octubre, el juez Máximo Ortega revocó la medida de presentación periódica y prohibición de salida del país y en su lugar dispuso la prisión preventiva para Sebastián Yunda, procesado por presunta asociación ilícita junto a otras siete personas.
En el proceso se conocieron investigaciones fiscales que dieron con información en chats de teléfono que apuntan a posibles actos de corrupción en el Municipio de Quito, en las que estaría involucrado el hijo de Jorge Yunda.
El 20 de septiembre Sebastián Yunda fue vinculado a la investigación y entre las medidas cautelares se fijó su comparecencia periódica en sede judicial, lo que incumplió dado que se encontraba en Bolivia, conforme a un reporte de Interpol de octubre.
El pasado 30 de septiembre y después de meses de incertidumbre política y legal, el nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas, asumió el cargo tras un dictamen del Constitucional que dejó en suspenso resoluciones de instancias inferiores a favor del exregidor electo Jorge Yunda, salpicado por irregularidades.
La remoción del exalcalde se produjo en paralelo al inicio de un juicio contra él y otras 13 personas más por el presunto delito de peculado por la compra irregular de pruebas para detectar la covid-19 en 2020.
