El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó una denuncia por presunta violencia política de género contra Luisa González. La queja la presentó Manuel Peñafiel, adherente al movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). González es la candidata presidencial por el correísmo. La decisión se tomó en Quito tras determinar que el denunciante no cumplió con los requisitos formales exigidos por la normativa electoral.

El hecho ocurrió el martes 8 de abril del 2025, a cinco días de la segunda vuelta electoral, programada para el domingo 13 de abril. Allí, González competirá contra el actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa. Entre los dos saldrá quien gobierne al Ecuador durante los próximos cuatro años.

Guillermo Ortega, juez del TCE, desestimó la acusación al señalar que Peñafiel no acreditó debidamente su calidad de adherente de ADN, liderado por Noboa. La denuncia alegaba que González incurrió en infracciones electorales graves al acusar de narcotraficante a María Beatriz Moreno. Ella es directora de ADN. González aseveró aquello durante el debate presidencial del 23 de marzo. Sin embargo, el archivo del caso se fundamentó en la falta de documentación válida, sin que el tribunal analizará el contenido de las acusaciones.

Tribunal Contencioso Electoral dio de baja al denuncia

Peñafiel había solicitado al TCE que investigue a González por supuestas «expresiones denigrantes» contra Moreno. El argumentó  que dichas declaraciones afectaron su honra y buen nombre. Según el denunciante, las acusaciones de la candidata de Revolución Ciudadana se basaron en una investigación previa sin resultados comprobados. No obstante, el juez Ortega indicó que los documentos presentados por Peñafiel eran copias simples, insuficientes según el artículo 145 del Reglamento de Trámites del TCE, que exige pruebas con eficacia jurídica.

«Este juzgador se ve impedido de valorar dichos documentos ya que carecen de validez legal», afirmó Ortega en su resolución. El magistrado añadió que la omisión de este requisito esencial impide continuar con la tramitación de la causa. Al menos así lo establece el Código de la Democracia. Aunque Peñafiel aportó otros elementos relacionados con el caso, el TCE decidió no evaluarlos al no subsanar el incumplimiento inicial, archivando así la denuncia.

El proceso comenzó el sábado 5 de abril, cuando el juez Ortega notificó a Peñafiel y le dio un plazo de dos días para completar la documentación. Al no cumplir con lo requerido, la resolución de archivo se emitió el martes, cerrando el caso antes de entrar al fondo del asunto. La decisión del TCE no implica un pronunciamiento sobre la veracidad de las acusaciones de Peñafiel ni sobre las declaraciones de González en el debate.

El Código de la Democracia tipifica la violencia política de género como una infracción electoral muy grave. Es sancionable con multas económicas y suspensión de derechos de participación por un período de dos a cuatro años. Este tipo de denuncias han cobrado relevancia en el contexto electoral ecuatoriano, especialmente en campañas marcadas por tensiones entre los movimientos políticos. ADN, liderado por Noboa, y Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), representan dos fuerzas predominantes en la contienda actual.

El TCE continauará vigilante  al cumplimiento de las normas

La denuncia se enmarca en una campaña electoral intensa rumbo a la segunda vuelta presidencial. El debate del 23 de marzo, donde González y Noboa intercambiaron señalamientos, evidenció la polarización entre ambos candidatos. González, abanderada del correísmo, busca retornar al poder tras la gestión de Correa, mientras Noboa, en el cargo desde 2023, apuesta por la reelección con el respaldo de ADN. Las elecciones del próximo domingo definirán el rumbo político del país en un contexto de alta expectativa ciudadana.

El archivo de la denuncia no pone fin a las controversias entre ambas candidaturas. Analistas señalan que este tipo de acusaciones y recursos legales son comunes en períodos electorales, utilizados para visibilizar temas como para desgastar a los contendientes. El TCE, como máxima autoridad en materia contenciosa electoral, continuará vigilando el cumplimiento de las normas durante el proceso, que concluye con la votación del 13 de abril.

El movimiento Revolución Ciudadana no emitió comentarios oficiales sobre la resolución del TCE. Por su parte, ADN tampoco ha reaccionado públicamente al archivo de la denuncia presentada por su adherente. La atención ahora se centra en los últimos días de campaña, donde los candidatos intensificarán sus esfuerzos para captar el voto de los ecuatorianos.

Con esta decisión, el TCE reafirma la importancia de cumplir con los requisitos formales en denuncias electorales, un aspecto clave para garantizar la transparencia y legalidad del proceso. El resultado de las elecciones del domingo será determinante para el futuro político de Ecuador, en un escenario marcado por la competencia entre dos visiones opuestas de gobierno.