El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó este lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de violar medidas cautelares en el juicio que enfrenta por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión se basa en evidencias recientes de que Bolsonaro continuó incentivando ataques al Poder Judicial a través de redes sociales de terceros.

El juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el Supremo Tribunal, fundamentó la decisión en que Bolsonaro incumplió las condiciones judiciales impuestas el mes pasado. Entre ellas, figuraba la prohibición de utilizar redes sociales directa o indirectamente, una medida destinada a frenar posibles instigaciones públicas durante el proceso judicial.

Los mensajes atribuidos

El incumplimiento se evidenció, según el magistrado, cuando mensajes atribuidos a Bolsonaro fueron leídos en manifestaciones en su apoyo, celebradas el domingo en varias ciudades del país. Los textos, compartidos desde cuentas de aliados y familiares del expresidente, fueron considerados como un intento deliberado de burlar las restricciones impuestas por la Corte.

De Moraes sostuvo en su fallo: “No hay duda de que hubo un incumplimiento de la medida cautelar impuesta a Jair Messias Bolsonaro”, y advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas más drásticas para evitar reiteraciones delictivas.

Incumplimientos de medidas y nuevas restricciones

Además del arresto domiciliario, el Supremo impuso nuevas restricciones a Bolsonaro. Se le prohíbe recibir visitas, excepto las de familiares directos y abogados, y se le impide el uso de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo que le permita conectarse a Internet.

La Policía Federal ejecutó el registro de su residencia en Brasilia este lunes, cumpliendo la orden judicial de incautar dispositivos electrónicos. En un comunicado, la institución confirmó que también se retiraron celulares y equipos con acceso a redes sociales.

El fallo judicial subraya que los mensajes difundidos durante las protestas contenían llamados a intervenir el Poder Judicial y respaldos a una supuesta intervención extranjera. Esta situación agravó las tensiones políticas tanto dentro del país como en el plano internacional.

La respuesta de Estados Unidos

La decisión del Supremo brasileño provocó reacciones inmediatas del gobierno de Estados Unidos. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental condenó la medida en una publicación en X (antes Twitter), acusando al juez De Moraes de “utilizar las instituciones para silenciar a la oposición”.

El expresidente estadounidense Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, también criticó abiertamente el proceso, calificándolo de “caza de brujas” y advirtiendo sobre una “emergencia legal” en Brasil. La administración Trump impuso recientemente aranceles del 50 % a ciertos productos brasileños y revocó visas a miembros del Supremo Tribunal.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva respondió con firmeza, denunciando una injerencia en la soberanía nacional. “La justicia no se negocia. Es un pilar fundamental de la democracia”, afirmó en un comunicado oficial.

Posición de la defensa de Bolsonaro

Mientras tanto el equipo legal de Bolsonaro rechazó la decisión judicial, asegurando que su cliente no incumplió ninguna restricción. Según la defensa, el mensaje leído en las manifestaciones –“Buenas tardes mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos”– no representa un acto criminal ni una violación de las medidas impuestas.

Los abogados argumentan que el expresidente no publicó directamente ningún contenido en redes sociales y que la Corte no le prohibió conceder entrevistas o pronunciar discursos. La defensa planea presentar un recurso ante el Supremo Tribunal Federal para revertir la decisión.

La acusación formal al expresidente

La Fiscalía brasileña acusa a Jair Bolsonaro de liderar una organización criminal que intentó anular los resultados electorales de 2022 e impedir la toma de posesión de Lula da Silva. La acusación señala que el expresidente sostuvo conversaciones con ministros y mandos militares sobre acciones antidemocráticas, incluyendo la posibilidad de asesinar a Lula.

Los fiscales también lo vinculan al asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023, por parte de miles de simpatizantes que exigían la revocación del resultado electoral.

Mientras avanza el juicio, los sectores conservadores y bolsonaristas en el Congreso brasileño han intensificado su presión para destituir al juez Alexandre de Moraes. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, afirmó que hay “decenas de senadores” dispuestos a apoyar el proceso. (10).