El Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión del 17 de julio de 2025, decidió no ratificar el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para garantizar asignaciones a los GAD. Este proyecto, vetado totalmente por el presidente Daniel Noboa el 5 de junio de 2024, buscaba optimizar la distribución de recursos permanentes y no permanentes. La decisión legislativa, influenciada por contradicciones legales, podría limitar el flujo de fondos a los gobiernos locales, afectando el crecimiento económico regional.

La moción de ratificación, presentada por Lucía Pozo, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, obtuvo 67 votos a favor, 68 en contra y 3 abstenciones, insuficientes para su aprobación. Pozo destacó que el proyecto contraviene el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que regula ajustes cuatrimestrales, lo que dificulta su implementación. Esta falta de ratificación frena una reforma que pretendía agilizar transferencias a los GAD, esenciales para proyectos locales que impulsan la economía ecuatoriana.

La no aprobación del proyecto genera incertidumbre en los gobiernos seccionales, que dependen de estas asignaciones a los GAD para financiar infraestructura, servicios y programas sociales. La estabilidad económica del país, que ha mostrado un incremento reciente, podría verse afectada si los GAD enfrentan demoras en sus recursos. Este escenario pone en riesgo el desarrollo de proyectos que estimulan el empleo y la inversión local, factores clave en el crecimiento económico.

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El Legislativo y las tensiones legales

Alfredo Serrano, asambleísta, defendió la importancia de los recursos para los GAD. “Esa plata no le pertenece al Gobierno Nacional de turno”, afirmó, citando el artículo 271 de la Constitución, que exige asignaciones a los GAD “predecibles, directas, oportunas y automáticas”. Su postura refleja el interés de garantizar autonomía financiera a los gobiernos locales, un pilar para el dinamismo económico en regiones como Manabí.

El proyecto proponía crear subcuentas en el Banco Central del Ecuador para depositar automáticamente los recursos de los GAD dentro de los cinco primeros días de cada mes. Esta medida requería reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, al Código Orgánico Monetario y Financiero, al Código de Planificación y Finanzas Públicas, y a la Ley de Régimen Tributario Interno. Sin embargo, las contradicciones legales señaladas por Pozo prevalecieron en el debate, frenando la iniciativa.

La economía ecuatoriana, que ha mostrado un crecimiento sostenido gracias a la inversión en infraestructura y servicios locales, podría resentir esta decisión. Los GAD, al no contar con asignaciones a los GAD automáticas, enfrentan retos para ejecutar proyectos que generan empleo y dinamizan el comercio. En Manabí, por ejemplo, la inversión en obras públicas ha sido un motor clave para la reactivación económica postpandemia.

Votación de los asambleístas manabitas

La votación de los legisladores de Manabí reflejó una clara división por bancadas. Los representantes de Acción Democrática Nacional (ADN) –Valentina Centeno Arteaga, Diego Martín Franco Hanze, María Besibell Mendoza Ibarra y Mario Amado Zambrano Vera– votaron en contra de la ratificación. Esta postura, alineada con el veto presidencial, priorizó la coherencia legal sobre la urgencia de las asignaciones a los GAD.

En contraste, los asambleístas de Revolución Ciudadana (RC), incluyendo a Lenin Daniel Barreto Zambrano, Guido Andrés Mendoza Andrade, Bertha Betsabé Vélez Vélez, Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira, Jaime David Estrada Medranda y María Gabriela Molina Menéndez, respaldaron la ratificación con un voto afirmativo. Su apoyo buscaba garantizar asignaciones a los GAD directas, lo que habría fortalecido la economía local al agilizar proyectos en Manabí.

Impacto en el crecimiento económico

La no ratificación del proyecto podría ralentizar el ritmo de inversión en regiones clave como Manabí, donde los GAD han impulsado el crecimiento económico mediante obras públicas y programas sociales. La demora en las asignaciones a los GAD afecta la planificación financiera de los gobiernos locales, lo que podría reducir su capacidad de ejecutar proyectos que generan empleo y dinamismo económico.

A pesar de este revés, la economía ecuatoriana ha mostrado resiliencia gracias a la estabilidad macroeconómica y al aumento de la inversión extranjera. Sin embargo, la falta de recursos oportunos para los GAD podría limitar el impacto de estas políticas en el ámbito local. La decisión del Legislativo refleja un equilibrio entre legalidad y necesidades regionales, pero plantea retos para mantener el crecimiento económico.