Augusto Verduga, exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), confirmó su condición de refugiado en México. En dicho país solicitó asilo político alegando ser víctima de persecución política por su implicación en el caso Ligados, un proceso judicial que lo acusa de asociación ilícita. Desde Ciudad de México, Verduga denunció una “farsa judicial” mientras la Fiscalía solicitó su captura internacional.
Verduga, quien formó parte del Cpccs hasta su destitución en enero de 2025, anunció en un video publicado en su cuenta de X que México le otorgó el estatus de refugiado junto a su esposa e hijos. Según Verduga, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reconoció su solicitud el 21 de abril de 2025, basándose en los artículos 13, 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México.
🇪🇨 Hoy, la Fiscalía pedirá prisión preventiva en mi contra. Al mismo tiempo, el Estado me niega protección, a pesar de que la propia Policía ha confirmado que mi nivel de riesgo es alto.
Me obligan a regresar sin garantías, me excluyen del Programa de Protección a Víctimas y… pic.twitter.com/deurOASJvW
— Augusto Verduga Sánchez 🐝 (@VerdugaAugusto) May 6, 2025
Arturo Verduga: refugiado y acusado
Este reconocimiento complica cualquier intento de extradición, ya que México no puede expulsar a personas con estatus de refugiado salvo en casos de crímenes graves o amenazas a la seguridad nacional. Verduga abandonó Ecuador el 27 de enero de 2025 por vía terrestre hacia Colombia, tras un allanamiento al Cpccs donde la Fiscalía incautó su celular, clave en la investigación del caso Ligados.
Cuatro días después, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo destituyó por una infracción electoral grave relacionada con su afiliación al movimiento Revolución Ciudadana. Desde entonces, Verduga no cumplió con la medida cautelar de presentaciones periódicas ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), lo que llevó a la Fiscalía a solicitar su prisión preventiva.
En su declaración, Verduga afirmó que regresar a Ecuador representa un riesgo alto para su vida, respaldado por un informe de la Policía Nacional. Además, citó un reporte de Amnistía Internacional sobre el deterioro del Estado de derecho en Ecuador como contexto para su solicitud de asilo.
El caso Ligados y la orden de captura
La Fiscalía General del Estado, liderada por Diana Salazar, acusa a Augusto Verduga, junto a los exconsejeros Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y la consejera Nicole Bonifaz, de asociación ilícita en el caso Ligados. Según la investigación, los exvocales, conocidos como la “Liga Azul” por su cercanía al correísmo, habrían coordinado acciones para controlar instituciones estatales. Esto incluye la designación irregular de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022-2027, en contravención de un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.
El 6 de mayo de 2025, la jueza Daniella Camacho presidió una audiencia de revisión de medidas cautelares en la CNJ. Tras verificar el incumplimiento de Augusto Verduga, Camacho ordenó prisión preventiva y solicitó a Interpol una notificación roja para su localización y captura. La Fiscalía presentó como evidencia chats extraídos del celular de Verduga, que revelan presuntas negociaciones para influir en designaciones y favores políticos.
Augusto Verduga, por su parte, niega la autenticidad de un supuesto disco duro con audios comprometedores, calificando las pruebas como manipuladas. Durante la audiencia, Verduga participó de forma telemática, pero denunció en X que lo expulsaron de la sala virtual. Sin embargo, la CNJ aclaró que no ocurrió tal incidente. También solicitó, sin éxito, cumplir las presentaciones periódicas en la Embajada de Suiza en México o ser incluido en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, petición rechazada por Salazar. La Fiscal señaló que Verduga no cumple los requisitos y lo calificó como prófugo.
Alegatos de persecución
El caso Ligados ha generado controversia en Ecuador, con sectores del correísmo denunciando una persecución política contra sus figuras. Verduga, quien aspiraba a un rol protagónico en la Revolución Ciudadana, expresó en chats filtrados su frustración por no ser considerado candidato presidencial. Estas conversaciones, publicadas por la Fiscalía el 10 de abril de 2025, también involucran a figuras como Rafael Correa y Luisa González, quien calificó las grabaciones de Verduga como “desleales y maquiavélicas”.
Verduga sostiene que su procesamiento responde a una estrategia de lawfare, término que describe el uso del sistema judicial para neutralizar opositores políticos. En un video, afirmó: “No me considero prófugo; me niego a legitimar una farsa judicial”. Además, señaló que la Fiscalía y la banca privada lo persiguen por haber desafiado sus intereses. Su hermano, Abraham Verduga, defendió su integridad en redes sociales, rechazando las acusaciones de González y pidiendo que se escuche su versión.
Implicaciones del asilo y respuesta internacional
La condición de refugiado de Augusto Verduga en México plantea un desafío para la justicia ecuatoriana. La notificación roja de Interpol, aunque activa, no garantiza su captura, ya que México evalúa cuidadosamente los casos de asilo político. La COMAR, en su resolución, consideró los riesgos de persecución y violaciones de derechos humanos en Ecuador, según lo declarado por Verduga.
Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no ha publicado detalles oficiales sobre el caso, y la prensa mexicana no ha cubierto ampliamente la situación. En contraste, la Fiscalía ecuatoriana mantiene que Augusto Verduga debe responder por los cargos en su contra.
Salazar argumentó que la prisión preventiva es necesaria para evitar la fuga y garantizar el proceso judicial, que permanecerá en instrucción fiscal hasta junio de 2025. Mientras tanto, Eduardo Franco Loor, otro procesado, obtuvo una modificación de medidas, permitiéndole presentarse cada 15 días en Guayaquil por motivos de salud.
Ecuador. Consejo de Participación Ciudadana presenta acusación particular en el caso Ligados
