Mauricio Torres, contralor general del Estado, reveló este 7 de julio de 2025, en la Asamblea Nacional, que 57 jueces y 2 fiscales no han podido justificar incrementos patrimoniales detectados en auditorías oficiales. Los hallazgos, explicó, podrían configurar un posible delito de enriquecimiento ilícito.
Sombra sobre el poder judicial y los jueces
Torres compareció ante la Comisión de Fiscalización, que indaga presuntas irregularidades en la administración de justicia. Allí, explicó que desde su posesión, en noviembre de 2023, la entidad ha emitido 110 informes de exámenes especiales a declaraciones patrimoniales de jueces y fiscales.
De esos, 59 informes contienen indicios de responsabilidad penal. En su mayoría, los señalados son jueces adscritos al Consejo de la Judicatura, mientras que dos casos corresponden a agentes de la Fiscalía General del Estado.
La Asamblea Nacional informó que el Contralor confirmó que en el caso específico del sector justicia, hay 36 informes con indicios de responsabilidad en ejecución por presunto enriquecimiento ilícito.
Según el órgano legislativo, Mauricio Torres también explicó que en el caso de la revisión de la declaración patrimonial se detectan, por ejemplo, ingresos por uno o más millones de dólares. Eso, pese a que con el sueldo regular de un funcionario público no se alcanzaría a acumular dichos montos. Según el Contralor, allí se detectan las inconsistencias que son investigadas y, en muchos casos, esos recursos no tienen los justificativos necesarios.
El Contralor también informó que para el segundo semestre de 2025 se han iniciado seis nuevos procesos de investigación, subrayó, al aclarar que estos informes corresponden al control de las declaraciones patrimoniales y no a auditorías de gestión, que son temas distintos.
Nuevas auditorías a jueces en provincias clave
Torres también anunció que en los próximos días iniciarán nuevos exámenes especiales en provincias donde existen alertas por corrupción judicial: Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena y El Oro.
La revisión forma parte de una cruzada institucional contra la corrupción.
Este esfuerzo coincide con la línea de investigaciones impulsadas por la Fiscalía General, que ha revelado cómo el crimen organizado ha penetrado el sistema judicial ecuatoriano, comprando fallos y manipulando sorteos de causas para beneficiar a narcotraficantes, sicarios y redes de corrupción política.
Tres casos que estremecieron la justicia
Desde 2023, la Fiscalía ha destapado 12 casos relevantes. Entre ellos destacan Metástasis, Purga, Plaga y Pantalla, que han evidenciado el alcance de la corrupción en el sistema judicial.
En Metástasis, se descubrió una red integrada por 38 personas, incluidos jueces, fiscales, policías y funcionarios penitenciarios. Según la Fiscalía, colaboraban con bandas criminales lideradas por Leandro Norero, a cambio de pagos y favores. Este caso provocó destituciones y sentencias de hasta 13 años. Entre los implicados están Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, exdirector del sistema penitenciario.
El caso Purga, derivado de Metástasis, se centró en Guayas. Allí se procesó a 25 personas, incluido el exasambleísta Pablo Muentes, por manipular sorteos judiciales y vender sentencias.
Por su parte, el caso Plaga reveló cómo una estructura delincuencial conseguía liberar a peligrosos reos. En 2025 se dictaron las primeras condenas contra tres exjueces y un abogado por delincuencia organizada.
Los hallazgos de la Contraloría refuerzan la alarma sobre la fragilidad institucional del sistema judicial ecuatoriano. La detección de patrimonios injustificados superiores a lo que legalmente devengan los funcionarios, plantea interrogantes serios sobre el grado de infiltración del crimen organizado.
